La concejal de la UCR en Huerta Grande, la alfonsinista Lucrecia Cavanna, presentó un proyecto de ordenanza para proteger la actividad de transporte de pasajeros por taxi y remisse, y evitar la llegada de sistemas como Uber o similares, que no estén habilitados por la Municipalidad. Hasta el momento, no se tiene registro que en la localidad del Valle de Punilla opere alguna de estas aplicaciones tecnológicas.
Con cuatro artículos, la ordenanza, cuenta con la autoría del abogado del Sindicato Peones de Taxi de Córdoba (SIPETACO-CTA), Carlos Cafure.
Son claves el 1 y el 2. En el primero dice: “Prohíbase en la Ciudad de Huerta Grande, todo servicio de transporte automotor de pasajeros que no se encuentre regulado mediante la Ordenanza pertinente -taxis y remises-, que no cuente con la habilitación municipal correspondiente, y que sea publicitado como contratado por cualquier medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas, hasta tanto exista regulación específica”.
Y en el 2 establece las penalidades: “En aquellos casos en los que se constate la realización de servicio de transporte automotor que no cuente con la correspondiente habilitación, se procederá de acuerdo a lo que indique el Código de Faltas”.
Cafure asegura sobre la iniciativa que “busca proteger la actividad de los taxistas y remises, de esta forma de competencia desleal, de evasión tributaria y de inseguridad para los propios ciudadanos que se suben arriba de un Uber u otro similar, del que no saben nada (seguro, estado del auto, etc.)”.
Por cierto, en Córdoba, no es el único lugar donde se registran conflictos con Uber y otras aplicaciones tecnológicas similares, que permiten acordar directamente los viajes entre pasajeros y conductores. Hay 650 ciudades en el mundo donde funciona Uber y sus hermanas, pero en la mayoría hay conflictos regulatorios, además de enfrentamientos con taxistas.
La clave del problema es que la aplicación se presenta sólo como una aplicación y no como una empresa de transporte. En países con regulaciones laborales y fiscales elevadas, su funcionamiento entra naturalmente en conflicto, básicamente porque se reconoce como un intermediario -en este caso un conector entre dos puntas, el pasajero y el propietario de un auto-, pero no como una empresa que presta el servicio de transportar personas. Al convocar a propietarios de vehículos particulares altera las reglas del mercado existente y argumenta que establece un nuevo servicio, distinto del anterior. La filosofía que esgrime es simple: pone el eje en la conexión tecnológica y no en el transporte, pese a que transporta personas.
El segundo dilema, es dónde tributa los impuestos por su operación, algo que es común a la mayoría de las aplicaciones globales que esquivan a los fiscos nacionales y, en general, sus casas matrices están asentadas en países con menor carga fiscal.
Fuente: www.enredaccion.com.ar