OPINIÓN
Por Mario Farías*
El gobierno del presidente Mauricio Macri, en nombre de la modernización y la competencia desreguló y promovió el mayor proceso de concentración de medios y de infraestructura de telecomunicaciones en Argentina. Esta decisión tiene su explicación política: la alianza del actual Gobierno con los grandes grupos mediáticos, que se expresa en una mirada favorable a su gestión económica y el rumbo general que ha tomado el país, y la minimización de toda crítica, a la par de la descalificación constante de todo lo actuado por el gobierno anterior.
El proceso de desregulación, se inició en diciembre del año 2015 con la sanción del Decreto 267, que derogó los artículos antimonopólicos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, continuó con la promesa de la discusión y debate de una nueva Ley de Comunicaciones denominada de “convergencia” (hecho que a la fecha aún no ocurrió ), mientras se avanzaba en resoluciones y normativas que han acentuado la concentración y la consolidación de las posiciones dominantes de los grandes operadores.
Dos hechos paradigmáticos en este sentido se produjeron este año, cuando el ENACOM – Ente Nacional de Comunicación -) autorizó la fusión del holding Cablevisión perteneciente al Grupo Clarín y el grupo Telecom controlada por Fintech. El nuevo conglomerado concentrará el 42% de la telefonía fija, el 34 % de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a internet por banda ancha y el 40% de la TV paga.
Estos niveles de concentración serían motivo de intervención de autoridades de defensa de la competencia en países europeos ó de América del Norte. Recordamos que el grupo Clarín es el mayor editor de diarios del país, propietario de decenas de radios y canales de televisión abiertos y de cable, accionista de Papel Prensa, la agencia de noticias DYN, etcétera. De esta manera con la fusión, proveerán el cuádruple play: la combinación de telefonía fija y móvil, internet y TV, todo a cargo de un único prestador.
Por otro lado, en el Senado de la Nación, a instancias del Gobierno Nacional se aprobó un proyecto denominado “Ley corta”, por el cual se autoriza a las empresas telefónicas a ofrecer también el cuádruple play, en un claro gesto de compensación a otros grupos transnacionales, como el de la Telefónica de España.
Paralelamente, se acentuó el proceso de vaciamiento de los medios públicos que pertenecen al Estado Nacional, con el despido de cientos de trabajadores, el cierre de radios, la paralización de proyectos y señales de televisión con contenidos educativos, y la cada vez más arbitraria distribución de la pauta publicitaria del Estado, direccionada a beneficiar solamente a los medios y periodistas afines al gobierno.
En cuanto a los medios comunitarios, se los perjudicó retrasando la ejecución del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable que ayuda a su sostenibilidad y funcionamiento), cercenando el ejercicio del derecho a la comunicación, la posibilidad de que otras voces se expresen y afectando el fomento a la diversidad, eje central de la vida en democracia.
En Córdoba, la coalición que agrupa a organizaciones gremiales de periodistas, trabajadores de la comunicación y la cultura, medios comunitarios, redes ciudadanas, trabajadores de medios cooperativos , colectivos universitarios y algunos legisladores de la oposición, aún en medio de muchas dificultades se pronunciaron y accionaron críticamente acerca de estas políticas, en laAudiencia Pública de la Defensoría del Público de la Nación que se realizó en el mes de abril.
A posteriori se constituyó una “Multisectorial en defensa de la Libertad de la expresión”, que entre otras acciones realizó una jornada pública y una transmisión radial en “vivo” el día 27 de agosto –Día de la Radiodifusión en la Argentina– con la consigna “Sin medios comunitarios y públicos no hay Democracia” y un abrazo simbólico a Radio Nacional Córdoba, junto a todos sus trabajadores y trabajadoras el día 26 de octubre, que se denominó “En Radio Nacional no sobra nadie”. Y que incluyó de manera general “la defensa de la democracia comunicacional en Córdoba y Argentina.
Este año que pasó deja enormes retrocesos en materia de políticas de comunicación pública, y nos predispone a continuar exigiendo en tribunas y acciones la plena vigencia de la comunicación democrática como derecho humano esencial y a no bajar los brazos: la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la democracia están en riesgo.
*Periodista e integrante del Colectivo Más Democracia.
Fuente: www.lmdiario.com.ar