Esta semana murió otro trabajador producto de la explosión de una caldera en un ingenio tucumano. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo informó que estos sucesos se incrementaron desde que entró en vigencia la nueva ley de ART. El lobby empresarial del gobierno PRO se cobra más vidas.
El 27 de octubre, dos obreros resultaron heridos de gravedad cuando una caldera explotó en el ingenio La Florida de la provincia de Tucumán. A diez días del accidente, José Eduardo González falleció, producto de la quemadura del 60% de su cuerpo.
El accidente había ocurrió en medio del cambio de turno de los empleados. “Los tubos de una pared de agua se quedaron sin líquido debido a un error humano de mal manejo, y se produjo la ruptura de los mismos“, explicó en su momento la empresa en un comunicado.
Ese día, junto a González, también resultó herido Julio Ricardo Saed Ahsmed, quien ahora se encuentra fuera de peligro.
Lo cierto es que en el país, los accidentes laborales van en aumento y las muertes por esta causa también. Así lo expresa el último informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que en el período de enero a diciembre de 2017 registró 580.328 incidentes y 743 muertes notificadas por las empresas.
Sin embargo, los datos no contemplan los casos de trabajadores informales o en negro, por lo que se estima que las cifras serían mucho más altas.
“La cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) creció un 2,1%, determinando un aumento del índice de incidencia de fallecidos del orden del 1,0% respecto del 2016 (42,7% de casos mortales en ocasión de trabajo cada millón de trabajadores cubiertos). La incidencia de la accidentabilidad in itinere disminuyó un 2,1% respecto al año anterior (14,2% de accidentes de trayecto cada mil trabajadores cubiertos)”, indica el informe.
Lo importante de este asunto es que estos índices crecieron a partir de la modificación de la ley de ART, que exige bajar los costos laborales. El abaratamiento de estos costos empresariales implica una flexibilización de la fuerza laboral, precarizando y explotando obreros a cambio de mayores ganancias e inversiones futuras.
La alternativa para los trabajadores
En 2012 el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó el proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral.
La iniciativa -que finalmente no logró sortear el lobby de las ART en el Congreso Nacional- buscaba erradicar el negocio que las empresas aseguradoras y el Estado hacen a costa de la vida los trabajadores, instrumentando un sistema solidario que contemplaba la generación de un Banco Nacional mantenido con el aporte destinado a las ART, que posibilitaría que cualquier trabajador de cualquier ámbito esté cubierto ante emergencias o enfermedades, y que se haría cargo de la reparación de los daños y perjuicios.
El proyecto proponía un cambio de paradigma hacia un sistema gestionado con participación de los trabajadores, que además serían protagonistas en el diseño y control de las acciones de prevención, que aseguraría la reparación integral y automática de los daños, entre otras previsiones.
En enero de 2017, a tono con los reclamos empresarios, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la vigente Ley de riesgos del trabajo. Así, los trabajadores que sufran accidentes estarán obligados a pasar por una comisión médica -que suele fijar reparaciones insuficientes- antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de reclamo y defensa. El Gobierno utilizó un DNU pese a que había una ley debatiéndose en el Congreso. De esa manera la precarización implica menos costos empresarios, y más riesgos laborales.
Fuente: www.canalabierto.com.ar