Tuvo lugar este lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos, una concentración en la Plaza aRoca de Río Cuarto donde sio lectura a un documento para conmemorar la fecha y reafirmar la vigencia de los derechos humanos de ayer y de hoy.
Fueron convocantes al encuentro la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (AGD); CTEP; CTA Autónoma; La Huella; Concejo Deliberante Ciudadano; Foro por la Libertad y la Democracia; Casa de la memoria de Río Cuarto; Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos; Espacio Independiente.
El documento
“A 70 años de este documento, la realidad nos interpela y nos obliga a re-preguntamos: ¿qué son, para nosotrxs, los Derechos Humanos? Ante esta pregunta, no dudamos en decir que los DDHH son políticas públicas. Nuestra Constitución, reformada en 1994, en el art. 75, inciso 22 otorga al Congreso la potestad de aprobar o desechar tratados y/o convenios internacionales. Es ahí donde se establece que la Declaración Universal de los DDHH (junto a otrxs) tiene jerarquía constitucional, como un ideal común para todos los pueblos y naciones.
La Declaración habla de igualdad, justicia, paz, dignidad y libertad. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Vivimos en un mundo donde, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1.300 millones de personas de todo el mundo son pobres. Vivimos en un mundo, donde la mitad de esas personas pobres son niñxs. Donde según UNICEF, 246 millones de niñxs son víctimas del trabajo infantil en la minería y la agricultura, sometidxs a químicos y pesticidas o el manejo de maquinaria peligrosa. Vivimos en un mundo donde no podemos asegurarnos que nuestrxs hijxs podrán crecer en ambientes saludables, con aire limpio y respirable. O también, que una parte de lxs jóvenes que terminan la universidad (porque existen muchxs de ellxs que no llegan a los estudios universitarios) encuentren un trabajo. Trabajo con “condiciones dignas, jornada limitada; vacaciones; retribución justa; salario mínimo vital móvil”; tal como lo establece nuestra constitución. Vivimos en un mundo donde una mujer es asesinada cada 35 horas.
Mucho se habla sobre el rol del Estado en el cumplimiento de los Derechos Humanos. Que vale aclarar, es central para garantizarlos. La discusión sobre un Estado ausente o presente se lleva uno de los temas de discusión más importantes, en estos tiempos donde el neoliberalismo nos excluye, nos estigmatiza, nos asesina, nos invisibiliza, pero sobre todas las cosas, nos individualiza. Pero vale repasar esta idea: ¿el Estado está realmente ausente? Nosotros decimos que no. El Estado está presente.
Está presente vulnerando el DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:
Tener acceso pleno a alimentos que satisfagan las necesidades dietéticas que sean seguros para el consumo humano (sin sustancias nocivas) y que sean culturalmente adecuados es central para desarrollar la tan anhelada soberanía alimentaria. Con más de 4000 firmas de vecinxs de Río Cuarto, la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos presentó en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad un proyecto para revalorizar e impulsar la producción local de verduras y frutas saludables que motoricen las economías familiares, además de garantizar el resguardo de la salud, al promover alimentos libres de agrotóxicos que tanto daño (demostrado) a la salud hacen. De los 42 artículos que gozaba el proyecto originalmente, sólo quedaron 9 y con modificaciones de los mismos. En definitiva el desguace y transformación que llevó adelante el bloque de Unión por Córdoba, es un atropello a toda la ciudadanía de Río Cuarto que apoyó el proyecto con su firma, incluido a algunxs de lxs que hoy son sus compañerxs de bancada, que en tiempos de campaña del proyecto, aportaron sus firmas para la Iniciativa Popular.
El Estado está presente vulnerando los DERECHOS LABORALES.
Lxs trabajadorxs tenemos derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo, a un salario digno, descanso, jornada laboral limitada, organización sindical libre y democrática, al reclamo y a la protesta. Hoy los derechos de lxs trabajadorxs se ven vulnerados por parte del Estado: sobre todo cuando se reprime la protesta social.
En el caso de lxs trabajadorxs docentes, las constantes dificultades para negociar paritarias, el techo salarial, los magros aumentos, los docentes de universidades nacionales que no cobran sus salarios, son ejemplos de las complicaciones que tienen a diario lxs trabajadorxs en el cumplimiento de sus derechos. Al interior de algunas universidades también hay dificultades para que se cumpla con el Convenio Colectivo de Trabajo.
El Estado está presente vulnerando el DERECHO A LA EDUCACIÓN.
La educación pública, en todos sus niveles, es un derecho social que garantiza una ciudadanía plena en el marco de una democracia social y el fortalecimiento del respeto por los Derechos Humanos. El Estado es el responsable de garantizarla. Sin embargo, desde hace unos años, se llevan adelante acciones que tienen como objetivo desprestigiar y desfinanciar la Educación Pública, como por ejemplo las partidas presupuestarias que no llegan a las universidades nacionales generando así un funcionamiento deficitario. Se encuentra reflejado en el cierre de paritarias por debajo de la inflación alcanzada este año, la demora de las partidas presupuestarias, las denuncias a docentes por adoctrinamiento, la aprobación de la creación de la UNICABA y la muerte de dos trabajadorxs de una Escuela de primaria de Moreno. El recorte que sufren los programas del Ministerio de Educación es del 15,9% y afecta todo lo relacionado con infraestructura (recorte de inversión del 75,9% desde 2015), jardines de infantes, formación docente, programas de becas y programas socioeducativos.
Está presente vulnerando el DERECHO A LA CIUDAD.
En el contexto de la ciudades neoliberales en las que vivimos, con la vocación que estas adoptan, de ser una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital, avalado y fomentado por las leyes y políticas de estado. El derecho a la ciudad tiene la voluntad de devolverle la ciudad a la comunidad, implica pensar la ciudad desde quienes la habitan, y no desde quienes usufructúan lo que las mayorías producen. Es pensar la ciudad como un espacio político, donde tiene que ser posible la expresión de las voluntades colectivas para construir y modificar la ciudad, en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de las cargas y beneficios que genera. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual a acceder a recursos urbanos. Se trata del derecho de cambiarnos a nosotrxs mismxs cambiando la ciudad.
• el derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y construcción colectiva).
• el derecho a vivir dignamente en la ciudad.
• el derecho a la convivencia.
• el derecho al gobierno de la ciudad.
- el derecho a la igualdad de derechos.
Está presente vulnerando los DERECHOS DEL NIÑX:
Hay Estados, empresas y grupos armados, entre otros agentes, que no lo respetan. En nuestro país, el gobernador Morales acaba de autorizar el empleo de menores de edad por parte de las empresas tabacaleras y otros grupos empresarios. El diputado jujeño del oficialismo Marcelo Nasiff justificó en la Legislatura el empleo de niñxs para “tareas livianas” como “encañar y desencañar tabaco” y consideró que el trabajo y las herramientas de trabajo “no matan a nadie. Es bueno que todos aprendamos porque hay algunos que si de chicos ni ven una pala cuando la ven de grande se infartan”. Vergonzosas palabras, vergonzosa medida adoptada en Jujuy que priva a nuestros niñxs del derecho a una infancia feliz. En lo que va de 2018, el gobierno de la alianza oficialista Cambiemos otorgó 45 autorizaciones oficiales para el trabajo de niñxs y adolescentes entre 10 y 17 años. Dado que el trabajo infantil amenaza la integridad física y psicológica, el proceso de educación y acceso a la salud en millones de niñxs en todo el mundo, inclusive en nuestro país, exigimos que no se los someta a condiciones cada vez más degradantes de vida y que este neoliberalismo deje de tratar a las personas como mercancía.
El Estado está presente vulnerando el DERECHO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Esta tipo de economía busca transformar los modelos de producción y consumo mediante distintas formas de cooperación, solidaridad y autoorganización democrática. Que cada persona pueda desarrollar autonomía económica que le permita tener acceso, a medios y recursos económicos para responder a sus necesidades. En la actualidad los sectores vulnerables, los que quedan fuera de la economía capitalista, en muchos casos mujeres que no acceden a trabajos formales, buscan generar emprendimientos como forma de autodeterminarse económicamente. Sin embargo no hay una política de estado que apoye estas iniciativas, se cobran caros impuestos para poder habilitar alimentos, no existen o existen pocos sistemas de créditos para las personas que no cuentan con medios para empezar a emprender y para quienes elaboran alimentos, no existen cocinas habilitadas comunitarias, que permita a aquellos que no tienen la posibilidad de una propia trabajar en una del Estado. Por eso creemos que trabajar en pos de los Derechos Humanos, y permitir el acceso a muchos derechos vitales debe incluir el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria, como una economía que pone en el centro la vida y no el capital.
El Estado está presente vulnerando el DERECHO A MIGRAR
En el mundo 244 millones de personas viven fuera de sus países de origen y se sabe que han emigrado por diversos motivos (económicos, sociales, políticos, culturales, cambio climático, etc.) Aunque para algunos individuos la migración puede ser una experiencia positiva y fortalecedora, resulta cada vez más evidente que la falta de un sistema de coordinación de las migraciones basado en los derechos humanos de ámbito mundial, regional, nacional y provincial está creando una crisis de derechos para los migrantes, tanto en las fronteras como en los países de tránsito y destino. En particular, aquelles migrantes que están en situación irregular, suelen vivir y trabajar clandestinamente, con miedo a quejarse, se ven privadxs de derechos y libertades y son muchxs más vulnerables que el resto de la población a la discriminación, la explotación y la marginación.
El Estado está presente vulnerando el DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA
El Estado posee diferentes herramientas para poder resolver la multiplicidad de conflictos que suceden en su territorio, de esta manera los diferentes proyectos de gobierno presentan un abanico de políticas públicas en función de poder abordar tales problemáticas. Sin embargo la elección y aplicación de tales políticas vislumbran en rasgos generales proyectos de estado más o menos democráticos. A medida que Estado Social se retira del escenario de la política pública, avanza el Estado Penal. Es decir, se podría hablar de un Estado más democrático en cuanto utilice en menor medida aquellas herramientas de control social duras, que no es más que la violencia del aparato represivo del estado. En los últimos seis meses, y con la llegada del G20, el actual gobierno nacional gastó 100 millones de pesos en armas, equipos antidisturbios y proyectiles. En la compra, se destacan 6.000 vallas de contención y 15.000 balas de goma.
La resolución 956/2018, que fue publicada en el Boletín Oficial, ampliando los casos en que se permite el uso de armas de fuego por integrantes de las fuerzas federales es una avanzada represiva que entre otras cuestiones justificará represiones y asesinatos. En línea con esto y según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, desde que asumió el actual gobierno fueron asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad 725 personas. Lo cual implica en promedio un asesinato por día hasta diciembre de 2017.
El Estado también criminaliza y discrimina a los pueblos originarios, empleando procedimientos penales para hostigarlos y generando ataques que incluyen palizas e intimidación. Rafael Nahuel, de la comunidad mapuche, murió de manera violenta en noviembre de 2017 durante un desalojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad. En consonancia con esto, Santiago Maldonado, militante popular que se encontraba en una protesta de la comunidad mapuche, fue desaparecido hasta el 17 de octubre de 2017 cuando fue hallado su cadáver en el río Chubut, cerca del punto en el que se denunció su desaparición, en una zona donde ya se había realizado previamente otro rastrillaje. El pasado 29 de noviembre, el juez cerró la causa y sobreseyó al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú. De esta manera siguen sin existir responsables penales por su fallecimiento.
El Estado está presente vulnerando los DERECHOS DE LAS MUJERES
Una de las últimas protestas y medidas de movilización feminista, fue el reclamo hacia el Estado para declarar al aborto legal, seguro, y gratuito, en condiciones dignas en un hospital, para que las mujeres y transgéneros dejen de morir en la clandestinidad por un Estado que no se responsabiliza con politicas de genero. Además, reclamamos por un Estado que le dé fin a la justicia patriarcal, beneficiando al hombre violador, al hombre machista, dejando en total exposición a la mujer ante aquellos hombres que están sueltos sin medidas judiciales. Además, reclamamos una política de género que para hacer denuncias sobre violencia, no tengamos que recurrir a las fuerzas policiales como medio de denuncia, debido a que la mayoría de las veces encubren y son cómplices de cualquier tipo de situación violenta.
Reclamamos por una Educación Sexual Integral implementada en los niveles escolares con el fin de que nuestrxs niñxs puedan identificar diferentes tipos de violencia y abusos, donde la mayoría de las veces son intrafamiliares. Y por sobre todo, porque tienen derecho a acceder a esta educación para poder disfrutar con tranquilidad de la sexualidad y para poder transitar el proceso de la conformación de su identidad.
El Estado está presente vulnerando el DERECHO A LA MEMORIA
La memoria puede plantearse como un legítimo derecho individual y colectivo, el cual está reconocido jurídicamente, que puede ser entendido como el derecho a entender y elaborar el pasado. Al ser este derecho necesario para el conocimiento de la verdad, la memoria se ha convertido en una categoría ético-filosófica, política y jurídica, convirtiendo al recuerdo en un auténtico deber moral. En estos tiempos en los que han regresado algunos discursos y acciones que en el pasado nos han hecho tremendo daño como país, como sociedad libre y respetuosa de los derechos humanos, seguimos diciendo “memoria, verdad y justicia por los 30.000 compañeros secuestrados, detenidos y desaparecidos presente ahora y siempre. Para esto, exigimos:
- Investigar y procesar a lxs responsables de los delitos de lesa humanidad.
- Asegurarse de que quienes han sobrevivido a la desaparición forzada y quienes han perdido a sus seres queridos reciban reparación, que incluya indemnización, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición.
- Declarar al Ex Buen Pastor Río Cuarto como sitio de la memoria y zona de protección histórica.
- Culminar con el desfinanciamiento a todas las áreas estatales de DDHH y sitios de la memoria.
Entonces: ¿para qué seguir hablando y discutiendo sobre la idea de Derechos Humanos? Justamente para esto: habilitar instancias para construir un nuevo modelos de país, de sociedad, de comunidad. Porque queremos mirarnos heterogénexs, multi identitarixs, pluriculturales y latinoamericanxs. Porque queremos asumirnos como sujetxs históricxs que piensan en un futuro sostenible, democrático, equitativo, justo y no violento. Nosotrxs seguimos defendiendo, discutiendo y construyendo Derechos Humanos, porque sabemos que tenemos DERECHO A OTRO DESARROLLO.
Estaría involucrando: derechos laborales.
Derecho a organizarse políticamente.
Derecho a la protesta”.
Fotos: Camila Petenatti