En Córdoba, hay 23.370 familias beneficiadas por la ley que ampara los asentamientos en barriadas populares

El Senado de la Nación aprobó  sin modificaciones el proyecto de Ley de Regularización Dominial para la Integración Urbana. La norma, que ya había sido votada por unanimidad en Diputados, reconoce la titularidad de dominio sobre terrenos en los que viven desde hace años familias de sectores populares, que hasta ahora sólo contaban con una tenencia precaria de esas propiedades. La ley fue aprobada con 56 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) es la iniciativa que derivó en la nueva ley. Reúne la información del primer relevamiento de barrios populares efectuado por la Nación y por organizaciones sociales. Se estiman que son 4.228 los territorios alcanzados por la legislación y cerca de 3,5 millones de personas. En Córdoba, habría 23.370 familias beneficiadas.

La nueva legislación suspende los desalojos por cuatro años y otorga la titularidad a las personas –registradas durante la etapa del relevamiento– que puedan demostrar la posesión de la vivienda. Para garantizar este punto, los barrios emplazados en terrenos fiscales serán cedidos a sus nuevos propietarios y, en los casos de terrenos privados, serán expropiados con igual fin.

Otro punto importante de la ley es la urbanización. El texto garantiza el acceso a los servicios hasta ahora negados para los habitantes de esos asentamientos urbanos: luz, agua, gas, cloacas y recolección de basura. Por otra parte, un 25 por ciento de la obra pública destinada a la urbanización de los territorios censados será cedido a trabajadores de cooperativas de los propios barrios.

Distintas organizaciones sociales vienen señalando que registran un incremento del déficit habitacional en todo el país, del que la provincia de Córdoba no sería ajena. La ley alcanza a 194 asentamientos cordobeses incluidos en el censo que realizó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto con organizaciones sociales.

En la provincia, hay 194 barriadas alcanzadas. La mayoría está ubicada en Córdoba capitalDe todos los barrios de la provincia incluidos en la nueva ley para regularizar asentamientos informales, el 63% se encuentra en Córdoba capital: 124 de las 194 barriadas están dentro del ejido municipal. De las 70 restantes, 50 corresponden a cuatro departamentos de importante densidad poblacional. Río Cuarto es el segundo departamento del interior más beneficiado, con 16 sectores. En Colón está previsto regularizar 14 barrios; en Punilla, 13, y en Santa María, siete.

En Río Cuarto, más de 1.400 familias se beneficiarán con la Ley de Urbanización de Barrios Populares

La aprobación de la ley permitirá saldar una deuda histórica y evitar que por cuatro años se puedan hacer desalojos.

Desde hace más de dos años se viene realizando un trabajo con los vecinos mediante el Relevamiento de Barrios Populares (RENABAP) que nace de la necesidad del reconocimiento y de tener información de estos barrios.

La información relevada sirvió en primer paso para obtener el Certificado de Vivienda Familiar y ahora para la ley aprobada por unanimidad en Diputados y Senadores.

En Río Cuarto hay 16 asentamientos y más de 1400 familias en ellos. La noticia de la sanción de la nueva norma fue celebrada por el Movimiento de Acción Popular (MAP-CTA), espacio social de la Central que integra la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA) y que en Río Cuarto atiende 22 merenderos en distintos barrios populares de la ciudad.

Aprobada la ley se viene un trabajo más complejo que es la aplicación y el acceso de las familias de los asentamientos de Río Cuarto al título de propiedad del lugar donde viven. Sobre cómo realizar el trámite, el Ministerio de Desarrollo Social junto con otras instituciones armarán la ejecución de la legislación.

La ley establece que primero se deben declarar de utilidad pública todos los territorios que comprenden al RENABAP, relevados hasta 2016. Además no se podrán hacer desalojos por cuatro años, lo cual permitirá tener el tiempo suficiente para regularizar a las más de 4 millones de familias de toda Argentina.

Fuente: www.lavoz.com; www.lv16.com.ar