A partir de mayo, los estatales nacionales volverán a la presencialidad plena de sus tareas, según lo marca una resolución conocida esta semana. La decisión se da en momentos que el país experimenta 10 semanas de bajas en los contagios de coronavirus, lo que hizo que se relajaran varias medidas preventivas, como el distanciamiento social. Distintos sectores de los gremios estatales analizaron la medida, y reclamaron que más allá de la situación epidemiológica se garanticen las condiciones de seguridad e higiene en los edificios públicos. La sospecha es que en estos dos años de pandemia se hayan dejado de hacer tareas de mantenimiento, y las oficinas y dependencias no estén listas para recibir a todo el personal. Hasta ahora, las provincias no anunciaron si tomarán medidas similares.
La resolución 58/22 de la secretaría de Gestión y Empleo Público establece “las nuevas pautar para el retorno a la presencialidad plena”. Allí, se define que “antes del 1° de mayo de 2022, cada jurisdicción de la Administración Pública nacional deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del decreto 260/20 de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19”. Para los gremios, la decisión es aceptable, pero esperan medidas adicionales para evitar inconvenientes. “En principio la decisión de volver a la presencialidad debe pasar por la Comisión CYMAT, que se ocupa de esos temas”, alertó Raúl Llaneza, delegado de la Junta Interna de ATE en el INDEC.
En diálogo con Gestión Sindical, Llaneza explicó que “mantenemos las exigencias, que estén dadas las condiciones edilicias para una vuelta al trabajo presencial de forma segura”. Desde el inicio de la pandemia, la mayoría de las dependencias estatales tuvieron limitaciones en la cantidad de empleados, y se dieron protocolos preventivos para evitar contagios. En el caso del INDEC, la dirigencia sindical realizó presentaciones por las malas condiciones de las tres sedes del organismo, e incluso pidió su clausura. “Vamos a estar atrás de cualquier situación irregular que puede generar una situación peligrosa para la salud de los trabajadores”, agregó el dirigente.
Excepciones
Además de decidir la presencialidad, la resolución publicada en estas horas en el Boletín Oficial establece que “los grupos de riesgo establecidos en los incisos V y VI de la resolución 627/20 del Ministerio de Salud están exceptuados de la prestación de servicios presencial, acreditando debidamente su cuadro clínico”. Es decir, que aquellos que tengan una enfermedad de base u otras complicaciones podrán mantener el sistema de “teletrabajo”. Además, los trabajadores con diagnóstico Covid-19 positivo “podrán reincorporarse una vez recuperados sin la necesidad de un test negativo o alta médica, cumplidos los días necesarios de aislamiento según vacunación y criterios establecidos por el Ministerio de Salud”.
“Esperemos que luego de la reunión que tengamos en la comisión tengamos claro qué se plantea en materia de vuelta a la presencialidad, y cuáles serán los plazos”, remarcó en este sentido Llaneza, y pide que la discusión pase por los canales habituales. “No renunciamos a defender la salud de los trabajadores estatales”, insistió.
Estos cambios estuvieron además atravesados por otras, que eliminaron la mayoría de las restricciones, empezando por el fin del distanciamiento social. Según la resolución 705/22, se establecieron “las siguientes recomendaciones de cuidado generales para la prevención de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas: continuar con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público; asegurar la ventilación de los ambientes; mantener la higiene adecuada y frecuente de manos: dejar sin efecto el distanciamiento social de dos metros”, entre otras medidas.
Fuente: www.gestionsindical.com