La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de la Provincia de Córdoba expresó su repudio a la “explotación de los trabajadores rurales en la provincia a manos de una patronal que, desde siempre, con la debida protección política, judicial y policial, mantiene en condiciones de esclavitud a hombres, mujeres y niños traídos como ganado y mediante engaños desde el norte del país”.
“La permanente denuncia de estos hechos de trata de personas en pleno Siglo XXI, en el marco de la defensa de los derechos laborales, que realizan centrales sindicales, movimientos sociales y otras organizaciones populares, permite cada vez con mayor frecuencia la detección y difusión de casos de explotación de mano de obra en condiciones de servidumbre en distintos establecimientos agropecuarios”, señala un comunicado de la Central.
Para la CTA-A, “los casos descubiertos en La Playosa, donde un productor agropecuario quedó detenido tras detectarse privación ilegítima de la libertad en un campo de su propiedad y el de Alcira Gigena, en el que se constató la presencia de 12 trabajadores rurales oriundos de Santiago del Estero viviendo en condiciones inhumanas, son los botones de muestra de una situación que se extiende por todos lados sin que hasta el momento los dirigentes de la Sociedad Rural y de otras entidades agropecuarias hayan dicho ni mu, aunque se escandalizan cuando se los escracha para denunciar sus privilegios”.
Y recuerda: “En septiembre del año pasado la CTA Autónoma convocó a una movilización y corte de ruta frente a la Sociedad Rural de Río Cuarto para repudiar los despidos en Agricultura Familiar y el SENASA ejecutados con el beneplácito de la dirigencia ruralista y exigir la reincorporación de todos los compañeros. Frente al escrache de los trabajadores, el entonces Ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, no concurrió al lugar y tampoco lo hizo el Ministro de Interior Rogelio Frigerio”.
“Favorecido por las políticas del Gobierno de Macri que le destina una generosa porción de la monumental transferencia de ingresos provenientes de los sectores populares, ‘el campo’ cuenta también con la complicidad de la burocracia sindical que a nivel nacional apoya al PRO y contribuyó al desmantelamiento del organismo que se encargaba de fiscalizar el trabajo rural en la Argentina”, subraya la nota.
“La naturalización del trabajo esclavo rural a 35 años del regreso de la democracia; la prédica oligárquica de que si le va bien al campo le va bien al país mientras violan los derechos humanos tratando a los trabajadores como animales y la hipocrecía de una parte de la sociedad que prefiere mirar para otro lado, conspiran para devolverle la dignidad perdida a quienes durante el primer Gobierno de Perón fueran reivindicados como sujetos de derechos mediante el Estatuto del Peón”, finaliza la declaración que firman Federico Giuliani; Ariel Gómez y Claudio Rodríguez, Secretario General, Secretario Adjunto y Secretario Gremial de la CTA-A cordobesa, respectivamente.