Por Jorge Falcone
Eran la variable de ajuste de los enjuagues de Palacio con el capital financiero trasnacional. Casi la mitad de una Nación otrora próspera, que sus abuelas y madres, sus abuelos y padres enriquecieron con generoso afán. Memoria aún fresca de Mosconi, Cutral Có y el Puente Pueyrredón. Clase trabajadora siempre, pero no aún ‘para sí’. Empleadas domésticas y cuentapropistas de toda laya, cualquier cosa menos parásitos de la sociedad bienpensante.
Llegaron con hijxs sin guardería, con el changuito habitual de vender ‘marcianos’, con el humilde arroz que les tiran cada tanto y la cebollita compañera para el guiso improvisado en las noches del primer frío otoñal. No ya portando la efigie de un matrimonio ilustre que alguna vez les dijo quienes eran y cuál era su cometido, sino exhibiendo novedosas y plurales identidades, eco de remotas patriadas.
Como algún 1° de Mayo en que filtraron prohibidos carteles para interpelar a Perón, burlaron el retén policial, la revisión de bolsos sin autorización, y la insidia de cloacas televisivas que describieron el acontecimiento como ‘camping de lxs pobres’. Llegaron para quedarse. No tanto en la 9 de julio como en la Historia. La muda imagen de Evita, desde el edificio en que renunció – no a la lucha sino a los honores – lxs reconoció.
Guerra en Europa del Este y primeras consecuencias locales
Pese a que, tras el trauma que supuso la disolución de la Unión Soviética, los analistas internacionales definen al sistema – mundo vigente como multipolar, lo cierto es que siempre ha habido un mandamás: EE.UU., con la OTAN jugando como perro guardián. Asociaciones como el Foro de Sao Paulo, o BRICS, a la hora de la verdad siempre han tenido un poder limitado, y eso siendo optimistas. Porque en las últimas décadas el mundo ha girado en torno a los intereses de la Commonwealth, de la UE y de la OTAN. El enemigo de estas estructuras criminales parecía no tener opciones de supervivencia. Al menos hasta ahora, el poder de decisión y de acción estuvo concentrado en unos pocos. El capitalismo existente languidece enredado en contradicciones, y las democracias occidentales atraviesan profundas crisis internas que se han convertido en oportunidades para viejos y nuevos actores.
En tal contexto, Vladímir Putin produjo uno de sus discursos más importantes en el Club de Debates Valdái, en Sochi, considerando que se trató de una clara declaración de intenciones del Gobierno ruso y una llamada de atención a todo el bloque atlantista.
La clave del discurso se podría resumir en la siguiente frase: “¿Dónde están los principios humanistas del pensamiento político occidental? Resulta que no hay nada, solo charlatanería“, en referencia a las brutales sanciones impuestas por EE.UU. y la UE a países que padecen severas crisis humanitarias; sanciones que no se han detenido ni durante el Covid. Y es que el bloque atlantista es el bloque de la hipocresía. Es el único que se llena la boca hablando de tolerancia, de democracia y de respeto, mientras impone por la fuerza su visión obtusa del mundo, mientras quita y pone gobiernos a su conveniencia, mientras es incapaz de entender, aceptar o permitir sistemas y modos de vida ajenos a los valores liberal-occidentales que, dicho sea de paso, son tan decadentes que solo generan problemas sociales y raciales.
Pero, más allá de los pormenores del conflicto que se desarrolla en Europa del Este – como que Rusia responda a las sanciones que impuestas cobrando en rublos el gas que exporta, o que se avance en la posible reunión entre Putin y Zelensky, en pro de desescalar las hostilidades -, a nuestrxs compatriotas les preocupan las consecuencias que, en un mundo globalizado, está acarreando a la Argentina un enfrentamiento que compromete a dos de las más importantes economías proveedoras de cereales e hidrocarburos.
En un momento en que el gobierno nacional se llena la boca prometiendo que pagará la deuda sin ajustes, de no mediar un gesto solidario justamente por parte de los sectores agroexportadores, la posibilidad de contar con fondos que acolchonen los sacrificios que viene realizando el pueblo trabajador se diluirá, conduciéndonos hacia una escalada en la conflictividad social.
Y, a propósito de ello, cabe destacar que, luego de que el Gobierno oficializara la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33% a través de un decreto, la Mesa de Enlace comenzó a analizar sus próximos movimientos mientras sigue de cerca lo que sucede en las asambleas de productores que se están llevando a cabo en el interior del país y manteniendo contactos con los distintos bloques del Congreso para plantear sus reclamos.
Ya se registraron encuentros de productores en el cruce de la AO12 y la ruta 34, a 40 kilómetros de Rosario, en Altos Fierros y en Sinsacate (Córdoba) y también en la localidad bonaerense de San Pedro, entre otros lugares. Se aguardan más concentraciones en los próximos días.
Según trascendió, en esas reuniones los productores barajan desde marchar a Buenos Aires hasta realizar un cese de comercialización de granos y hacienda. Si bien esas medidas por ahora no tienen fecha, va creciendo la adhesión a las mismas. Es de esperar que cuando finalicen los encuentros se eleven las propuestas a la Mesa de Enlace para su consideración.
En materia energética, según la cartera del sector, en marzo el Ministro de Economía aplicó a su presupuesto mensual lo que se conoce como Techo de Caja y en lugar de girar $309.802 millones, como se había solicitado, envió $66.015 millones, el 21% de lo pedido.
A ese respecto, el Secretario Darío Martínez aseguró en un documento oficial del Estado argentino que el presupuesto asignado para su organismo no alcanza para nada, “dado que no responde a los requerimientos básicos del área y cuya implementación acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país”.
“Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzarían siquiera para cubrir el pago del Gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de Gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de Gas Oíl que contrato CAMMESA para abastecer las Centrales Térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto de las obligaciones de la Secretaría de Energía”, señaló el documento.
Si no llegan los fondos, Energía describe un escenario que será demoledor: Afectación directa e inmediata a la tarifa social de gas y electricidad que pagan los más necesitados, atrasos de todo tipo e incumplimientos de pagos a los productores privados con impacto en las inversiones y posibles demandas judiciales.
Estas son algunas de las consecuencias que enumera el texto en cuestión:
– “Sobrevendrá una crisis por falta de combustibles para alimentar las centrales térmicas del país”.
– “No se podrán efectuar los pagos a proveedores de Gas Natural provenientes de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional dentro del marco del Plan Gas.Ar y planes de incentivos anteriores. Estas obligaciones ya fueron en parte incumplidas en el mes de febrero del corriente año, a lo que se sumaría ahora los correspondientes al mes de marzo. Estos pagos a los Productores de Gas, que están garantizados por Certificados de Crédito Fiscal, constituyen objetivamente el flujo financiero que dichas empresas utilizan para ejecutar las inversiones necesarias para producir y entregar el Gas que requiere nuestra demanda residencial, industrial y nuestras centrales térmicas para producir energía eléctrica. Si la producción se resintiera por disminución de la inversión necesaria, producto del corte en los flujos financieros, podría comenzar a verificarse falta de aprovisionamiento.
Además del problema fáctico que ello representa, se abren las puertas a reclamos judiciales por mora e incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Nacional en el Marco del Plan Gas.Ar y sus precedentes, justo en momentos en que se requiere plena producción del fluido nacional para limitar al mínimo posible la importación de GNL dados los precios internacionales descontrolados de este producto, que, crisis energética y guerra en Ucrania mediante, han escalado 400/500 % en relación a los pagados el año pasado”.
– “No se podrán transferir los fondos a Anses para atender el Programa Hogar que morigera el costo del Gas envasado a los sectores de menores recursos”.
– “No se podrá transferir los fondos destinados a mantener la Tarifa Social de Gas Natural”.
– “Se demorarán un mes más las transferencias de fondos a IEASA por $58.000 Millones que corresponden a financiamiento de la primera etapa de las obras del sistema de gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, ya iniciada con la licitación de adquisición de cañerías destinadas al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner para el 31 de marzo de 2022″.
Quienes cuestionan a Guzmán aseguran que Economía aún no giró los fondos que se recaudaron para el sector en el llamado Impuesto a la riqueza. “De USD 600 millones sólo llegaron USD 100 millones a IEASA”, argumentan en referencia a Integración Energética Sociedad Anónima, la ex Enarsa, encargada de, por ejemplo, construir el gasoducto Kirchner.
También afirman que el ministro negoció a la baja los contratos con Bolivia para enero y febrero de este año – cuando se necesitaban 9 millones de metros cúbicos de gas y llegaron 7 millones – y temen lo que podría pasar con lo que se pactará para el resto del año, discusión que comienza ahora. “Se necesitarán 12 millones de metros cúbicos durante el invierno. Si eso no pasa no se puede garantizar la necesidad del norte del país, algo que además de la industria podría afectar a la provisión residencial”, dicen cerca del despacho de Guzmán (y no precisamente desde la vereda de enfrente)
Como se puede apreciar, los sectores de la opinión pública que – permeados por el discurso oficial acerca de que nuestro destino se dirimía entre la sensatez de pagar o el despropósito de ir al default – respiraron aliviados ante el Acuerdo que acaba de aprobarse. Pero comenzarán a llevarse una amarga sorpresa si no siguen de cerca este tipo de consideraciones.
Frente a dicho escenario, un kirchnerismo herido en el ala por la sangría de votos perdidos en las legislativas se apresta a recuperar terreno de cara a 2023, insistiendo – sobre el hecho consumado de pagar la deuda – en la necesidad de repatriar el dinero fugado, a fin de alivianar las cargas a su base electoral, haciendo lobby simultáneamente a favor de un recambio en el gabinete que se cobre la cabeza de Guzmán, mientras los sectores más conservadores del arco político alzan su voz reclamando judicializar la protesta social y dolarizar la economía.
Co gobierno con el Fondo entonces, y democracia contrainsurgente. Tal es el damero que se viene configurando. Para el gobierno nacional, el mal trago ya pasó, en tanto que para el pueblo argentino la indigestión comienza ahora. Un oprobioso Acuerdo aprobado con mayoría de votos de quienes incrementaron exponencialmente la deuda por ahora nos sujeta como perros al arbitrio de los acreedores internacionales. En tanto, frente a una sociedad que soporta casi un 50% de pobreza en un país rico, al interior del oficialismo continúa librándose una riña de gatos: Alberto Fernández sentencia “escucho a todxs, pero el Presidente soy yo”, y Larroque le recuerda que como Jefe de Campaña de Randazzo, oportunamente obtuvo apenas un 4% de votos. Previsiblemente, las protestas que genera esa gran estafa de una clase política venal y rentista, ha desatado una verdadera cacería entre quienes la impugnan, apelando al ciberpatrullaje, a la novedad de privar al sospechoso de la eventual ayuda social que reciba, y – llegado el caso – hasta de ilegalizar a la organización social a la que pertenezca. Nunca como en estas horas la democracia formal ha mostrado tan obscenamente los colmillos de su intolerancia.
Así, todo parecería indicar que los controles trimestrales del Fondo se convertirán en escenario de grandes definiciones.
Disensos en la superestructura
No está de más recordar que ese consenso parlamentario entre quienes contrajeron una deuda impagable y quienes se avienen sumisamente a “honrarla” dejó bastantes heridxs al interior de la coalición gobernante, al punto de que los sectores más disconformes se han atrevido a aventurar sin tapujos que consideran perdida la elección de 2023, habida cuenta de que la mayoría de las consultoras coincide en que el revés del oficialismo en las últimas elecciones legislativas se debió fundamentalmente al atraso en materia salarial.
Pasemos pues sucinta revista a ese mar de fondo.
En un encuentro realizado poco antes de la aprobación del Acuerdo con el Fondo en el Centro Cultural JJ, del barrio porteño del Abasto, en el que estuvieron presentes Juan Grabois, Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itaí Hagman, los tres diputados que no acompañaron al gobierno en dicha votación, el líder del Frente Patria Grande manifestó: “Al presidente Alberto Fernández quiero decirle respetuosa y fraternalmente que cuente con nosotros para mantener la unidad y la diversidad ante una oposición destructiva e irresponsable; colaborar con honestidad y esfuerzo en las políticas populares del gobierno; luchar por la recuperación del dinero malversado y fugado… pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos explícitamente desde el día uno y contradicen las convicciones de este espacio”. En las últimas horas Grabois manifestó que apoyará la lucha de lxs humildes, cuya próximas manifestación de protesta promete ser una Marcha Federal hacia la meca del poder formal.
Por su parte, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fue una de las agrupaciones que mostró su desacuerdo en las calles, con movilizaciones, y en la Cámara de Diputados a través del voto de sus dos representantes: Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva. El diputado y referente nacional de la CCC viene sosteniendo que es necesario “investigar la estafa”.
Paralelamente, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra también rechazaron el acuerdo y se movilizaron junto a la CTA Autónoma (que presentó al Ejecutivo un plan de negociaciones alternativo), la CCC, Pymes para el Desarrollo Nacional; un sector de la UTEP; Unidad Popular; Sobreranxs; Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP); Causa Nacional y el Partido Comunista (PC), tras la consigna “Las deudas se pagan. Las estafas no”.
Agustín Suárez, referente nacional de esa organización ruralista que controla el Mercado Central, oportunamente afirmó lo siguiente: “Somos críticos de un montón de cuestiones y salimos a decirlas y expresarlas, no nos vamos a callar. Esto tiene que ver de lleno con el modelo de extracción que tiene el país, el modelo productivo agroexportador. ¿De qué forma vamos a pagar esa deuda si no es con los dólares de los recursos naturales? Entonces, obviamente esto tiene que ver con un modelo de país de profundización del agronegocio, del modelo de megaminería. Tiene que ver directamente con eso”.
A todo esto, el Directorio del FMI aprobó el Acuerdo de Facilidades Extendidas (AFE) de treinta meses para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares que creó el gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2018. Las dificultades para encontrar una salida razonable a ese incumplible compromiso, surgido de un voluminoso crédito que se transfirió a capitales privados para su fuga al exterior, quedaron reflejadas en el documento de aprobación del Fondo.
Su texto no sólo alude a que el programa económico enfrenta riesgos “excepcionalmente altos” para su cumplimiento, sino también a los efectos de la guerra en Ucrania “que ya se están materializando”. En virtud de ello, anuncia que se adelantará “la primera revisión del programa”, prevista para el mes de junio, e insta a las partes “a recalibrar las políticas, según sea necesario, para asegurar los objetivos fiscales y contener los efectos inflacionarios del aumento de los precios de las materias primas”.
Ante semejante panorama, vale la pena advertir que, en una cita anual que ha venido exhibiendo claramente la diferencia entre sectores político – sociales preponderantemente posibilistas y otros partidarios de una transformación de fondo, durante el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, aunque esa distancia se mantuvo, pudo percibirse un denominador común crítico ante las negociaciones encaradas en torno a la deuda. Y ya existen conversaciones entre organizaciones hasta ahora afines al gobierno y las más díscolas. Puede que más temprano que tarde corresponda desempolvar aquella frase borgeana acerca de que “no nos une el amor sino el espanto”.
Inflación y malestar en las bases
Con bastantes reservas en el mundo del trabajo, el Consejo del Salario acordó días atrás que la pauta de aumentos salariales para el sector formal se ubicará este año en torno al 48 por ciento con cláusulas de revisión en función del costo de vida. Por lo tanto, se espera que la suba del salario mínimo, que actualmente es de 33 mil pesos, acompañe esa evolución.
A diferencia de los aumentos salariales que alcanzan los sindicatos, la actualización del salario mínimo tiene un impacto directo limitado. Se trata en realidad de una herramienta para que los asalariados más vulnerables mejoren sus ingresos. Ese universo está compuesto por personas con bajo nivel de calificación, jóvenes que acceden al primer empleo o trabajadores en actividades en las que la participación sindical es inexistente o muy débil.
No obstante, la curva del salario mínimo, vital y móvil en los últimos casi veinte años es relativamente similar a la evolución de la situación del poder adquisitivo del salario en general. Desde 2003 hasta 2011 se verificó un intenso crecimiento, al punto de que el poder adquisitivo del salario mínimo en 2011 fue más del doble en relación con el nivel de 2001. Entre 2011 y 2015, cuando la economía ingresó en una fase de más alta inflación y relativo estancamiento, su capacidad de compra se redujo al 8,4 por ciento. Y desde entonces no ha dejado de caer.
En tanto, a considerable distancia de lxs argentinxs que en una ruta cordobesa carnearon desesperadamente chanchos de un camión descarrilado, se acaba de celebrar un encuentro tripartito entre el gobierno, el gremio empresario, y el sindicalismo empresarial “para controlar la tensión entre precios y salarios”.
Hasta aquí se han enumerado apenas un puñado de indicadores suficientes para dar cuenta de que, si no cambia cuanto antes el rumbo de la economía, el Titanic volverá a chocar con el iceberg, aquellos sectores sociales hasta ahora domesticados con prebendas volverán a ocupar el espacio público junto con los más intransigentes, y si a la partidocracia se le ocurre cerrarle el paso a la protesta social pacífica, pues enfrentará novedosas formas de acción directa. Ya que la Historia es pródiga en demostrar que quien siembra hambre cosecha rebeliones.
Fuente: La Gomera de David