Por Héctor Oscar Brondo*
Acaba de concluir en Santiago del Estero la 57ª Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
Como sucede al final de cada cónclave de la organización de referencia -integrada por las principales empresas privadas del negocio editorial y la comunicación nativa- se difundió el informe anual sobre libertad de expresión en el país.
El documento de este año destaca de manera enfática el clima favorable logrado en la materia bajo la gestión del Presidente Mauricio Macri.
Durante su mandato -pondera la organización- “se desmontaron los mecanismos de hostigamiento contra periodistas y medios que se habían instalado en la anterior gestión”.
En otro párrafo del manifiesto, las empresas oficialistas cuestionan el accionar de la Justicia en relación con la investigación penal en la que están involucrados el periodista Daniel Santoro y el espía y falso abogado Marcelo D’Alessio, entre otros sospechados.
Califican el caso como “el episodio más preocupante dentro del terreno judicial en este año”.
Nada dice la proclama de los aproximadamente 5.200 trabajadores de la prensa y la comunicación que fueron echados o desvinculados por las empresas -estatales y privadas- en estos 44 meses de gobierno del Presidente Macri, con la connivencia, en la inmensa mayoría de los casos, de la Autoridad Laboral, que en la esfera nacional sufrió el desmantelamiento y la pérdida de rango, sobre todo durante la gestión de Jorge Triaca, que será recordado también por su condición de empleador en “negro”.
Tampoco hace referencia a la pérdida del poder adquisitivo del salario de los periodistas registrados, la más pronunciada entre una docena de rubros, según un informe de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA); tuvo una declinación real del 32,4% en ese lapso y la variación es de un 53,6% negativa, si se toma como referencia al dólar mayoristas.
Tampoco se lee una palabra, siquiera, sobre la denuncia pública que acaba de hacer el empresario Daniel Vila.
El Presidente del Grupo América aseguró que Macri lo presionó directamente para que le cediera al Estado las frecuencias que utiliza para prestar los servicios de televisión.
Está ausente, además, un repudio a las presiones que ejercen las empresas nacionales y multinacionales para evitar la publicación de informaciones inconvenientes para ellas o consiguen levantarlas una vez que se hizo la difusión de las mismas a través de los soportes digitales de los medios de comunicación.
Asimismo, no alude en ningún momento a las agresiones que han sufrido y suelen sufrir los periodistas durante la cobertura de manifestaciones o conflictos, por parte también de las fuerzas del orden público.
A propósito, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba convocó a una conferencia el próximo lunes, a las 12, en la sede del Sindicato (Obispo Trejo 365) para denunciar los reiterados ataques violentos contra los trabajadores de la prensa de Córdoba.
“Una piedra o un palazo también pueden lesionar la representación, manifiesta condición de compromiso y empatía”, razona el colectivo gremial.
La mentira duele y la verdad parece no tener remedio.
*Periodista. Secretario Tesorero del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA)