El informe presentado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma prueba que “la represión y criminalización de la protesta social constituyeron un dato distintivo de la política implementada por el Gobierno de Mauricio Macri”.
Según indica el trabajo, “la utilización de las fuerzas de seguridad y el aparato represivo fue desde sus inicios una de las herramientas de respuesta estatal al conflicto social y un mecanismo necesario para imponer políticas sociales y económica de corte regresivo”.
Aunque “Este tipo de respuesta no se originó durante la actual gestión gubernamental. Por el contrario, podría señalarse que en gran medida ella es constitutiva de la administración del conflicto social por parte del aparato estatal. Sin embargo, ello no impide que puedan realizarse caracterizaciones sobre las formas que asume en los distintos períodos de gobierno. En otras palabras, es necesario preguntarse cuáles fueron las notas principales que permiten identificar la especificidad de la represión y criminalización de la protesta social durante el gobierno de Cambiemos”.
Entre las principales conclusiones, este informe revela que “La represión y criminalización de la protesta social fue una constante durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Más aún, fue una herramienta cuya utilización respondió a una decisión consciente y avalada desde los más altos funcionarios del Estado, tendiente a limitar la capacidad de resistencia de los sectores populares frente a las políticas de ajuste”.
Las consecuencias sociales y económicas de estos cuatro años de gestión se plasmaron en aumentos en la pobreza y la indigencia, el desempleo, la precarización laboral y en una fuerte caída en términos reales de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, revela que “ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que esta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represión, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia”.
El trabajo también hace eje en el proceso de construcción en el plano simbólico de un “enemigo interno”, el cual “fue una decisión política tendiente a buscar en un “otro difuso” la razón de los fracasos económicos del Gobierno Nacional. Ese “otro” se desplazó del manifestante al extranjero, llegando al punto de modificar regresivamente la legislación migratoria, intentando instalar una supuesta relación entre migración y delito”.
“La reivindicación de la resolución violenta de las tensiones provocadas por el conflicto social constituye una de las herencias que deja la gestión de Cambiemos. Ella trasciende los resultados electorales, por cuanto se trata de un discurso que, impulsado desde el Estado y replicado incesantemente por numerosos medios masivos de comunicación, intentan legitimar un consenso social que no hace más que incrementar los niveles de violencia existentes en la sociedad”, dice el texto.
En este sentido, se concluye que “vuelve a ser necesario resaltar el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos no solo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social. En tal sentido, vale recuperar la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998”.
Mientras que por otro lado “resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la securitización de la respuesta estatal al conflicto social, desandando cuatro años de políticas donde la reivindicación del accionar violento de las fuerzas de seguridad estuvo en el centro de la acción estatal”.
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Fuente: www.agenciacta.org