Por Claudio Lozano*
El ya conocido timbero y endeudador serial de la Argentina, Luis Caputo, informó el martes el conjunto de políticas de shock que pretenden resolver el cuadro construido por la política de ajuste inflacionario sobre la base de mayor ajuste y más inflación. La decisión de devaluar el dólar comercial más de un 100%, sumado a los incrementos de las tarifas de luz y de gas, más el aumento del boleto de colectivo y de tren, más la desregulación general del sistema de precios producirán un shock inflacionario que duplicará por lo menos la tasa de inflación mensual y consumirá el ya castigado poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos y argentinas.
Ese shock inflacionario tiene por objeto deprimir por caída de la demanda la actividad económica y por esta vía lograr la desaceleración de los precios. No se dijo pero es constitutivo de estas políticas retrasar la evolución de salarios y jubilaciones, así como también de los programas sociales respecto al aumento general de precios. Particularmente *el ajuste de las jubilaciones pueden lograrlo rápidamente, incluso sin alterar la fórmula de movilidad, eliminando los bonos que la anterior gestión daba para compensar los deficientes resultados que alcanzaba la ecuación. Hay que considerar que actualmente los bonos representan más de la mitad del haber mínimo, con lo cual el recorte inmediato puede llegar a ser del 34%*. Seguramente también buscarán modificar los criterios en materia de aumentos en las paritarias de los trabajadores estatales para completar el objetivo.
Todas las medidas fueron expuestas luego de argumentar, una vez más, de manera falaz y reñida con los más elementales manuales de economía la centralidad del déficit fiscal en la explicación de todos los problemas y puntualmente de la inflación. *Se pretende vender como novedoso un planteo que ya esgrimieron Martínez de Hoz, Cavallo y Macri y que solo sirvió de pantalla y justificación a políticas que devastaron la economía y la sociedad argentina*. Olvidó decir Caputo que la mitad de esos 5,5 p.p. del PBI de déficit se explican por los intereses de deuda. Tampoco dijo que los anuncios hechos van a incrementar el peso de los pagos de deuda pública en el presupuesto (en el próximo año 2024 el monto de intereses de deuda en moneda extranjera asciende a USD 8.000 millones) así como también el aumento de los pagos vinculados a los pasivos remunerados del Banco Central. Ambas cosas impulsadas por la devaluación de más del 100%.
En concreto, estos financistas y mentirosos de pacotilla no tienen problema en incrementar la emisión para pagar deuda mientras la restringen en lo relativo a dinamizar la cuestión social y la actividad económica.
Resulta relevante puntualizar algunas cuestiones.
1) Habrá que seguir con atención el modo en que se maneja en términos de despido el supuesto recorte del gasto político que se plantea reduciendo ministerios, secretarías y subsecretarías.
2) Es importante puntualizar que la reducción de las transferencias a las provincias involucra en un 44% los pagos del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y las transferencias a las Cajas Previsionales. Es decir, detrás de esta definición no está en abstracto la relación con las provincias, estamos hablando de los ingresos de trabajadores y jubilados.
3) No se licitará más obra pública. Aun validando el argumento de la corrupción esgrimido, resulta ridículo poner como solución eliminar la obra pública en lugar de plantear un nuevo diseño institucional que elimine la corrupción pero que defienda el interés público a la hora de planificar las prioridades en materia de inversión. Parece poco probable que el interés privado se preocupe por atender el déficit en materia de vivienda, en materia de infraestructura y servicios básicos de educación, salud, agua potable, conectividad etc. Más allá de esta cuestión, la interrupción de la inversión pública afecta de manera directa los niveles de actividad económica y empleo (especialmente, el empleo en las provincias).
4) Otra argumentación discutible es la idea de las tarifas atrasadas y la inflación reprimida. La primera pregunta que cabe hacer es cuál es el atraso del precio de la energía si el costo de extracción del barril de petróleo es de USD 10 y se les paga USD 58 a nivel del mercado interno y USD 90 al exportar. En definitiva, cuál es el criterio para fijar el precio de la energía, del trigo, del maíz, del aceite, de la carne, y demás bienes fundamentales para la economía. Desde nuestro punto de vista es el costo de producción local, para el actual gobierno, es el precio internacional. Esta diferencia hace que las ventajas (rentas que la Argentina tiene por la disponibilidad de materias alimentarias y energéticas baratas) en lugar de transformarse en palancas para nuestro desarrollo se conviertan en garantía de pago para los acreedores y rentas extraordinarias para las principales corporaciones transnacionales y locales que operan en nuestro país.
5) Se argumenta que se incrementarán la AUH y la Tarjeta Alimentar, porque en ellas no hay intermediarios y se congela el Potenciar Trabajo para terminar con el clientelismo. No se les ocurrió una solución mejor frente al desastre social que promueven, para quienes están sumergidos en la pobreza como podría ser la universalización del Potenciar Trabajo para quienes estén en condiciones de informalidad laboral en lugar de congelarlo que además de ampliar la cobertura eliminaría la intermediación. Así, tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar van sobre la misma población, es decir, cerca de 2,4 millones de personas, cubriendo apenas el 48% de la población pobre. Ambas prestaciones, para colmo, vienen acumulando fuertes atrasos que sin contabilizar el salto en los precios ocurrido en las últimas semanas, en el caso de la AUH acumula una caída del 36% real respecto a diciembre 2019 (del 47% respecto a diciembre 2015) mientras la Tarjeta Alimentar está un 44% por debajo del valor que tenía al momento de implementarse en enero 2020. En el contexto del derrumbe de la actividad y la escalada inflacionaria limitan a lo mínimo la cobertura social de los más postergados.
6) El planteo de la devaluación acompañado de la extensión y aumento del impuesto País al 17,5% a todas las importaciones que lleva al dólar importador a $940 junto con la generalización de las retenciones a las exportaciones es una evidencia del *contenido desindustrializador del programa expuesto*. Es indudable que el dólar importador es mayor que el exportador que considerando el 15% de retenciones, pero la posibilidad de liquidar el 20% en el dólar CCL, alcanzaría los $730. Es evidente que esto hace menor la devaluación efectiva de quienes tengan mayor componente importado en su producción que es básicamente el caso del sector industrial y economías regionales que además recibirán un incremento de las retenciones. La reprimarización y el bajo valor agregado siguen siendo el rumbo productivo del modelo que vienen impulsando hace 50 años.
7) Por otra parte, se cae la mentira acerca de la preocupación de la “bomba de la Leliq”. Se mantiene la tasa de Leliq en 133% mientras que la de pase pasivo baja del 126% al 100%. El congelamiento de la tasa interés (que es también la de los plazos fijos) en el marco de la escalada inflacionario, está claro que, pondrá a los depositantes en la decisión de dejar licuar sus pesos, o bien, presionar sobre los dólares paralelos considerando que no se levantan -todavía- las restricciones cruzadas MULC/CCL.
En suma, profundizar el ajuste, ahondando la recesión vía depresión de los ingresos de la mayoría de la población, mientras se multiplica la escalada inflacionaria es lo que nos han anunciado. Argentina necesita una terapia de shock antiinflacionario articulado con un shock distributivo y productivo. Acá no hay shock antiinflacionario, hay un shock recesivo que derrumba la producción al tiempo que agrava la injusticia en el reparto de los ingresos.
Un mayor sufrimiento, absolutamente innecesario, para una sociedad fuertemente dañada. Para acordar con el FMI no era necesario hacer en un año lo que el acuerdo con el FMI planteaba en cuatro. Tampoco se necesita derrumbar la actividad para conseguir dólares. El fin de la sequía, el ahorro energético más el incremento de otros rubros exportadores permiten avizorar un abultado saldo comercial de como mínimo USD 22.500 millones en el 2024. Profundizar el sufrimiento de manera inútil e innecesaria es lo que anunció el nuevo gobierno.
*Economista. Fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicass (IPyPP). Ex Director del Banco Nación. Diputado Nacional (MC). Presidente de Unidad Popular (UP)