Detrás de los nuevos mecanismos de represión de la protesta, se encuentra el plan sistemático de Mekorot, la empresa israelí que somete a Palestina al Apartheid y busca – en el continente más rico en recursos hídricos – acostumbrarnos a que el agua y la tierra, nos cuesten más que un ojo de la cara.
Por Martina Kaniuka
Ojos bien abiertos
Argentina es el sexto país en recursos hídricos del mundo y de la mano de Eduardo “Wado” de Pedro, Ministro del Interior, Mekorot -empresa estatal de agua de Israel– firmó una serie de “convenios de colaboración”. Fue en abril del año pasado, después de un intento fallido en 2011, cuando acordaron con Daniel Scioli, en ese entonces gobernador de Buenos Aires, el establecimiento de una planta potabilizadora de agua en La Plata, que fue rechazada socialmente en 2013.
Una comitiva oficial encabezada por De Pedro y diez gobernadores viajó a Israel, que le devolvió la gentileza un mes después, cuando junto a Malena Galmarini –presidenta de AySA– y diversos ministros y funcionarios se reunieron en la Casa Rosada.
Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Río Negro, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero, son las ocho provincias argentinas que firmaron convenios, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Mekorot, celebrados en el Centro Cultural Kirchner, el 13 de febrero de 2023, otra vez con De Pedro, ministros, gobernadores, Eylal Sela, embajador de Israel y Jitzhak Aharonovich, presidente de lacorporación.
Además del secretismo presente en los proyectos extractivistas, donde la discreción de la letra chica permite que las corporaciones se inmiscuyan en las poblaciones en profundidad, penetrando el tejido social a partir de actividades supuestamente culturales y educativas con fines de control (como YPF con el manual de ridiculización de las luchas contra los extractivismos para los medios); no hay registro de los lineamientos, ni de los compromisos que el gobierno asumió en nombre de la población, con una empresa que tiene por objetivo nada menos que el control del agua.
En Palestina, el apartheid también limita el consumo de agua: Israel controla todos sus afluentes a través de Mekorot, que recorta el suministro en verano, niega el acceso a las riberas del Jordán, militariza la zona y destina el 83% de los recursos hídricos a su abastecimiento, sometiendo a los palestinos a la sequía, al agua contaminada y cobrando el poco suministro que distribuyen en la zona a precios exorbitantes.
Mekorot fue denunciada por la ONU, el Comité Nacional Palestino, asambleas ecologistas y grupos parlamentarios a causa del apartheid, la violación de los derechos humanos, los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo palestino y la profundización del modelo extractivista. Hoy tiene por principal objetivo la mercantilización del agua.
Con una planificación de largo plazo (entre 2030 y 2050) comenzarían por la evaluación de recursos hídricos, la reconducción y reutilización. Seguirían luego con la creación de patrones financieros para medir costos y empezar a cobrar el agua a los consumidores, modificando las leyes y los códigos provinciales de aguas y reordenando los usos y destinos de la infraestructura que actualmente existe en torno a su distribución.
Y, aunque los plazos mencionados oficialmente hablan de décadas, el proceso de modificación de las leyes y códigos provinciales de aguas y sus organismos de aplicación ya comenzó.
La provincia de San Juan es un ejemplo: luego de la firma del convenio, el mismo mes de septiembre del año pasado, comenzó la gestión del “Plan Maestro para la Conservación y Gestión del Agua”, cuyo objetivo es el de “hacer sostenible el uso del agua en contexto de escasez, en términos sociales y ambientales”. Pero ¿por qué habría que pensar en contextos de escasez de agua? En la misma web de la gobernación puede leerse la respuesta, en la sección de Energía: “la Provincia de San Juan viene trabajando en la búsqueda de hidrocarburos Convencionales como también No Convencionales (fracking) y, en función a la tasa de retorno (cuán rentable sea el proyecto) decidirán si movilizan el primer yacimiento no convencional del país”.
La implementación de cualquier tipo de extractivismo implica el desabastecimiento, la contaminación y la adulteración del cauce y curso normal del agua. Esta semana se cumplieron ocho años del derrame más grande de cianuro y mercurio en nuestro país. Ocho años sin otros culpables que la minera Barrick Gold y los funcionarios que habilitaron la explotación en la zona. A pesar de todo, continúan desoyendo a los pueblos y bienviniendo los sobres del lobby extractivista y, si las corporaciones contaminan y convierten al agua en un bien escaso, ahora será Mekorot quien la distribuya, envase y cobre a las poblaciones que la necesitan para vivir.
Fuente: www.pelotadetrapo.org.ar