Por Juan Carlos Giuliani*
El genocidio sembró el terror colectivo. Necesitaron de la tortura, la apropiación de bebés, el crimen político y la más variada gama de delitos de lesa humanidad para barrer con las conquistas de los trabajadores y consagrar la fenomenal transferencia de ingresos de los sectores populares a los grandes grupos económicos.
La desindustrialización del país, la apertura indiscriminada de la economía, el endeudamiento externo, la bicicleta financiera, la destrucción del aparato productivo, la concentración de la riqueza, los magros salarios, la precarización laboral y la miseria, marcharon paralelas al secuestro y desaparición de 30 mil luchadores populares, la cárcel y el exilio de miles de compatriotas y el despido de más de medio millón de delegados, activistas y trabajadores.
En la tarea de eliminación de cualquier foco de oposición al régimen, la prensa y la Justicia cumplieron un papel protagónico. No por casualidad las grandes corporaciones periodísticas no han insinuado siquiera una autocrítica por su complicidad con el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” del que recibieron importantes favores, como la cesión de la propiedad de Papel Prensa. Mientras el genocida General Luciano Benjamín Menéndez presidía los aniversarios del diario en la planta de “La Voz del Interior”, las fuerzas represivas asolaban la comarca del Tercer Cuerpo de Ejército sembrando la muerte y el terror por doquier.
Respecto de la Justicia, tanto a nivel Federal como en las provincias, subsisten nichos de soberbia aristocrática y feudal, junto a una nada llamativa docilidad con el poder de turno. La “Sagrada Familia” enquistada en el Poder Judicial de Córdoba es un botón de muestra que sirve para ilustrar las honduras de esa relación promiscua.
Resulta fundamental avanzar en una verdadera democratización de la selección de los jueces. Los criterios principales pasan por la participación popular en la designación de los magistrados, la transparencia y el debate público, la exclusión de los postulantes que tengan vínculos con los golpes de Estado, las dictaduras, las corporaciones mediáticas y los grandes grupos económicos. La idoneidad de los magistrados tiene que tener parámetros que se vinculen con la trayectoria democrática, con el nivel académico y con la defensa de los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra.
De ese modo, se estaría plantando un mojón histórico en el camino hacia un Poder Judicial auténticamente popular y democrático.
El Juicio por los fusilamientos en la UP1, el más importante de los que se hayan celebrado en nuestro país luego de la Causa de la ESMA, puso al descubierto la impúdica colaboración de los magistrados con los genocidas.
Eran los jueces de la dictadura los que firmaban las órdenes para los “traslados” de los prisioneros a los que luego se aplicaba la “Ley de fuga”.
Con absoluta impunidad, los mismos que se comprometieron servir a la Ley jurando por los Estatutos del Proceso, ampararon la tortura, la vejación y el asesinato de miles de militantes populares.
Así lo hicieron en la UP1 con Eduardo Daniel Bártoli, Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svagusa, Luis Ricardo Verón, Eduardo Alberto Hernández, Diana Beatriz Fidelman, Ricardo Alberto Yung, Carlos Alberto Sgandurra, José Ángel Pucheta, Claudio Aníbal Zorrilla, Miguel Ángel Barrera, Mirta Abdón, Esther María Barberis, Marta Rossetti de Arqueola, José Cristián Funes, Raúl Augusto Bauducco, José René Moukarzel, Osvaldo De Benedetti, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnaldo Toranzo, Gustavo Adolfo De Breuil, Ricardo Daniel Tramontini, Liliana Páez, Florencio Esteban Díaz, Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos y Marta González de Baronetto.
Pasado y presente
A Svagusa lo conocí en 1970 junto al “Negro” Juan Antonio Díaz, ferroviario, peronista y montonero que caería muerto bajo las balas policiales junto a Sabino Navarro en proximidades de Berrotarán en 1971. Con el “Pato” Svagusa comenzó mi militancia a comienzos de la década del ‘70, cuando recuperó su libertad y regresó a Río Cuarto después de haber sido apresado tras un tiroteo en la provincia de San Juan durante la dictadura de Lanusse. Era un tipo íntegro, de pocas palabras, campechano, un formador de cuadros que enseñaba mucho más con el ejemplo de su práctica militante que con el “chamuyo” o la “bajada de línea”. Ofició de “paritario” ante la conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto -que encabezaba el Rector Augusto Klappenbach- para mi designación como Secretario de Prensa de la UNRC en 1973.
Con el “Paco” Bauducco -militante del PRT-ERP- nos conocimos de adolescentes en el Club Urú Curé antes de irnos a estudiar a Córdoba. Era la alegría caminando. El “Gordo” Verón iba un par de años delante mío en el Colegio Nacional de Río Cuarto, donde su familia residió un tiempo acompañando al padre que se desempeñaba como gerente del Banco de Italia, antes de ser trasladado a Córdoba. El mundo es un pañuelo.
Que los asesinos de los compañeros fueran juzgados y condenados en este juicio histórico fue un paso muy importante en la forja de un nuevo tiempo que reivindique la memoria, la verdad y la justicia. Mucho han colaborado para ello actitudes ejemplares, dignas de destacar y que nos llenan de orgullo como el testimonio vertido en el juicio por el compañero Carlos “Negro” Ríos, ex dirigente del Cispren-CTAA, ex preso político en la UP1 y portador de un relato conmovedor y sustancial para determinar el asesinato de Bauducco a manos del Cabo Pérez.
Carlos Ríos.
En ese entonces, Ríos era dirigente del Sindicato de Trabajadores de Perkins que lideraba Juan “Negrito” Villa. La mención no es ociosa. Vale la pena subrayar que más del 60 por ciento de los detenidos desaparecidos son de extracción gremial, víctimas del terrorismo de Estado impulsado por los grupos económicos locales y extranjeros con lo que se buscó inhibir la capacidad de reacción del movimiento obrero.
El imperio del horror no fue óbice para que se multiplicara la resistencia a la dictadura. Fue la lucha del pueblo y en particular de los trabajadores, los organismos de derechos humanos y las organizaciones revolucionarias, la que obligó a los militares a gobernar nuestro país por mucho menos tiempo que sus pares de Brasil, Uruguay y Chile; la que logró que por primera vez en la historia contemporánea los vencidos sentaran en el banquillo de los acusados y condenaran a los vencedores en el Juicio a las Juntas y que se derogaran las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
De esa resistencia anónima y consecuente de los trabajadores no se tiene registro en la historia oficial. Los medios de comunicación hegemónicos la han invisibilizado. No se habla, por ejemplo, de los paros, protestas y sabotajes que se reproducían a lo largo y ancho del país desde el mismo inicio del golpe de Estado, de la huelga del 27 de abril de 1979 dispuesta por la Comisión Gremial de los 25, de las masivas marchas a San Cayetano que desbordaron en 1981 a las fuerzas de seguridad, o de la movilización a Plaza de Mayo del 30 de marzo de 1982 convocada por la CGT Brasil que fuera salvajemente reprimida y que, en Mendoza, costara la vida del obrero Benedicto Ortiz.
La derrota en la Guerra de Malvinas precipitó la huida de los militares del poder. Pero hacía ya bastante tiempo -con los calamitosos resultados económicos, sociales, políticos y culturales a la vista-, que carecían de consenso social y nadaban en el mar del desprestigio. Resulta una simplificación histórica adjudicar al desastre de Malvinas la causa fundante y excluyente del cese de la dictadura y la reinstauración democrática. Implica, además, desconocer la innegable resistencia del pueblo a la tiranía militar.
Reconocer esa resistencia y rescatar la memoria de los 30 mil ausentes, que padecieron el martirologio por su identidad con un proyecto de liberación, constituyen ejercicios ineludibles para enfrentar en todos los planos el negacionismo y la reivindicación de la tiranía oligárquico militar impulsados por Milei y Villarruel; para alimentar la esperanza en un futuro diferente y la convicción de que nunca más reinará la impunidad.
*Periodista. Escritor. Congresal Nacional de la CTA-A en representación de la Provincia de Córdoba