Por Carlos del Frade
El procesado por delitos de estafas reiteradas y libre bajo fianza, Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin SAIC, presentó el viernes 4 de marzo de 2022 ante el juzgado civil y comercial número dos de Reconquista, a cargo del doctor Fabián Lorenzini, una llamada “Propuesta de Organización Empresaria para el período 2022 – 2033”, entre paréntesis “Plan de Empresa”, en la que cuestiona al Banco de la Nación Argentina, al que le debe 300 millones de dólares, promete un acuerdo con los denominados Interesados Estratégicos, no habla una sola línea de los 791 millones de dólares fugados entre agosto de 2019 y enero de 2020, se hace cargo por un año y medio del Complejo Avellaneda, informa que el viejo directorio se irá luego de aprobado del “Plan” y anuncia que se desprende de varias empresas y promete una edad de oro a partir de 2033. En el colmo del cinismo, el documento habla de transparencia y cuestiona la irracionalidad de organismos estatales antes, durante y después del estrés financiero.
El presidente del directorio de Vicentin, además, anuncia la liquidación de Vicentin Europa SL; Vicentin SAIC, sucursal Uruguay; reestructuración de los pasivos y liquidación de Vicentin Paraguay SA y venta de activos non core. Esos cierres de oficinas en Europa, Uruguay y Paraguay parecen anunciar un plan de exterminio de documentación y pruebas que podrían explicar el fenomenal desarrollo y diversificación del grupo desde 2002 en adelante y que ahora, a través de este documento, entierran definitivamente.
El documento de Vicentin, en definitiva, es la síntesis del proceso de vaciamiento, fuga y endeudamiento del grupo. No hay explicaciones. Solamente la promesa de un futuro mejor fundamentado, especial y básicamente, en una fenomenal construcción de impunidad. Nosotros seguiremos bregando por el mantenimiento de las fuentes de trabajo, la recuperación de Vicentin como principal empresa nacional exportadora y la recuperación de los casi 800 millones de dólares fugados y el pago de la deuda con los pequeños productores y demás acreedores. Para ello, más que nunca, el gobierno nacional en primer lugar y el provincial, en segundo término, deberán hacerse presente en este proceso que va camino a consolidar uno de los más grandes saqueos de la historia argentina contemporánea.