El director del Banco Nación, Claudio Lozano, impulsor de la investigación que terminó en la intervención de la cerealera, sostiene que ésta abre un mejor escenario para acreedores y trabajadores. Y aventura: “El banco va a poder recuperar lo que había prestado”.
La investigación que en enero impulsaron las autoridades del Banco Nación sobre la cerealera más grande del país desnudó una trama secreta de fraudes diversos contra las arcas públicas que terminó el lunes con un anuncio oficial: Vicentin será intervenida y un proyecto de ley será enviado al Congreso para su expropiación definitiva.
“El Banco Nación y el resto de los bancos públicos van a poder recuperar, sino todo, por lo menos parte de lo que habían prestado. De hecho el Banco Nación no va a tener que seguir manteniendo las previsiones por incobrabilidad que estábamos obligados a tener y por lo tanto vamos a recuperar parte de la capacidad prestable que todo esto nos había hecho perder”, destaca Claudio Lozano, director de la entidad, en diálogo con Canal Abierto.
Y es que es justamente la banca pública la principal damnificada del escándalo de Vicentin. Bajo la gestión macrista, a cargo de Javier González Fraga, el Banco Nación le otorgó a la agroexportadora un préstamo por US$ 350 millones. La cifra supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.
Al poco tiempo, la cerealera presentó convocatoria de acreedores. Sólo al Nación, le debe más de $18.370 millones, importe que representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía. Cuatro bancos públicos (Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia) son acreedores del 88,4% del total de la deuda. A los productores agropecuarios, les adeuda otros US$ 350 millones.
La propuesta de la que se hizo eco el Gobierno
Como respuesta, la semana pasada un documento titulado Vicentin debe ser una empresa pública no estatal –firmado por distintos referentes de la política, la academia, el campo, el sindicalismo y las organizaciones sociales–planteó la necesidad de intervenir la principal cerealera del país.
“La intervención de Vicentin está en línea con lo que nosotros propusimos, que es la creación de una empresa pública no estatal, esto implica que el Estado no interviene solo sino que va a haber otros actores como parte de la empresa –señala Lozano, impulsor del comunicado–. Habrá que ver cómo se termina dando el proceso, pero nosotros proponíamos que además del Estado sumáramos la representación de pequeños y medianos productores. También pensábamos en una representación de los trabajadores”.
Y agrega: “Tanto para el Banco Nación, para los productores que habían quedado enganchados como acreedores de Vicentin, como para los (más de 3.000) trabajadores se abre un mejor escenario frente a una intervención que lo que hace es evitar que la empresa se siga deteriorando y perdiendo terreno frente a la competencia”.
La investigación
Rápidamente,desde sectores como la Sociedad Rural y el PRO se apuraron a alzar sus voces contra la intervención; manifestando su “preocupación” por la intervención estatal en el mercado de granos, la primera, y denunciando el carácter “ilegal e inconstitucional” del anuncio, el segundo. En ambos casos, se trata de partes interesadas directamente en el caso.
“Parte de los granos que produce en la Argentina, (Vicentin) los sacaba en negro por Paraguay o por Uruguay y con esto lo que hacía era pagar menos impuestos acá y dejar parte de las divisas en el exterior. Los barcos vienen vacíos por el Paraná desde Paraguay, paran en el puerto de San Lorenzo donde Vicentin los llena de granos producidos en el país pero no declarados–detalla Lozano–. Estas operaciones de triangulación van a poder blanquearse y de esta manera obligar y tener elementos para denunciar la misma maniobra que realizan muchas otras cerealeras en el mismo sentido. Esto le va a permitir a la Argentina recuperar divisas y recaudación”.
Las demás cerealeras no sólo temen por que la intervención de Vicentin signifique un antecedente que impida sus propias maniobras de evasión: sus competidoras –Glencore, Dreyfus y Cargill– ya se estaban afilando las uñas para avanzar sobre los mercados y patrimonio de la agroexportadora.
Actualmente, el 90 por ciento de las exportaciones del complejo del agronegocio en la Argentina están en manos de diez empresas, una de ellas es Vicentin, que terminó 2019 como la primera de las cerealeras en el marco de las primeras 200 firmas del país. Es responsable del 10 por ciento del total de las exportaciones de las diez empresas más importantes, y ocupa un lugar central en la producción de divisas.
“Todas las investigaciones que realizamos fueron recibidas por el Poder Ejecutivo nacional, tanto por el Presidente (Alberto Fernández) como por el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y el ministro de Producción, (Matías Kulfas). No nos consideramos autores de nada, pero hemos aportado a lo que está ocurriendo –se alegra Lozano–. Por otra parte, los elementos sobran para profundizar en la investigación tanto sobre el Directorio anterior del Banco Nación como también sobre las maniobras fraudulentas de Vicentin”.
Además, el fideicomiso que manejará YPF Agro incorpora todos los activos del grupo, cuando en el concurso de acreedores Vicentin sólo había puesto algunas empresas. “Eso es muy importante porque en tanto y en cuanto se identifiquen delitos, seguramente vamos a poder lograr que puedan responder patrimonialmente frente a parte de las deudas que la empresa tiene”, afirma el director del Nación.
El vínculo con Cambiemos
En tanto, desde el PRO también están preocupados. En un segundo informe presentado por Lozano en febrero, figura que “en los pasillos del Banco Nación cuentan que en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentin para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex presidente del Banco, González Fraga, quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.
Con base en ese informe, el fiscal Gerardo Pollicita inició una investigación contra González Fraga y los directivos de Vicentin (Alberto Padoán y Gustavo Nardelli) por posible defraudación.
Nardelli fue precandidato a gobernador de Santa Fe en la interna del PRO y Vicentin fue el primer aportante en la campaña de Cambiemos de 2019.
Por el momento, existen contra Vicentin una causa penal en el juzgado de Julián Ercolini, el concurso de acreedores, una denuncia penal en el Paraguay, y denuncias presentadas en la aduana de San Lorenzo, Santa Fe, por subdeclaración de exportaciones.
El carácter estratégico
Con una conducción profesionalizada a cargo de Gabriel Delgado, ex director del INTA, las expectativas giran alrededor de que la intervención convierta a Vicentin en una empresa testigo y que se reoriente hacia el sector de los alimentos.
Como productora no sólo de granos sino también de harina, aceite, carne, vinos y miel, entre otros, “Vicentin puede, con una orientación productiva distinta a la que ha tenido hasta ahora, que era garantizar commodities,transformarse en una empresa importante en la producción de alimentos”, describe Lozano.
“Puede ser una empresa pública testigo en la cadena alimentaria, lo cual también es estratégico en el marco de un país en el que, más allá de nuestra enorme potencialidad en la producción de alimentos, tiene algunos que son muy caros –agrega el economista–. Divisas, comercio de granos y alimentos son los elementos que hacen de Vicentin un bien estratégico que no podía permitirse que cayera en manos extranjeras o que implicara una mayor concentración del sector”.
Fuente: www.canalabierto.com.ar