Un informe repasa el derrotero de una causa con 17 imputados, miles de damnificados, millones de pesos fugados, una expropiación frustrada, varias empresas fantasma y ningún detenido. A 36 meses de que una de las firmas más grandes del país se declarara en “estrés financiero”, todo sigue como entonces.
El jueves 5 de diciembre de 2019, la empresa agroindustrial santafesina Vicentin informó que estaba atravesando una “situación de estrés financiero”, alertó sobre estar “evaluando distintas alternativas” para afrontar los “compromisos adquiridos” y anunció que había iniciado “un proceso de reestructuración de pagos”.
Las causas que, alegaba, la habían conducido a esta situación fue haberse “visto negativamente afectada por un contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino”.
De esta manera, hace tres años una de las mayores empresas agroindustriales argentinas inició un concurso preventivo de crisis con $99.345 millones de deuda que disparó las alertas del sector en general, y de sus acreedores en particular. Entre ellos destacan 37 entidades financieras ($63.962 millones), con los bancos públicos Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia de Buenos Aires a la cabeza de los damnificados.
Al tendal de afectados por Vicentin hay que sumar unos 1.895 productores de granos con acreencias por $25.657 millones (25% del total). Entre ellos se encuentran empresas comercializadoras de importancia global, tales como Cargill Incorporated, Bunge Agritrade, la compañía suiza Louis Dreyfus o la china Cofco. Pero también un cúmulo de pequeños productores locales para quienes esta falta de pago, según un informe realizado por el ex director del Banco Nación Claudio Lozano en 2020, “es determinante de la continuidad de sus actividades”.
La situación es curiosa si se tiene en cuenta que el último balance presentado por la exportadora, correspondiente a 2018, arrojó una facturación de $118.015 millones, lo que la ubicaba como la séptima empresa más importante de la Argentina entre las mil que más venden. Ese mismo año, la revista Forbes ubicó a la familia Vicentin en el puesto 29 entre los “50 más ricos” del país.
Un trámite exprés
Tres años después de la declaración de cesación de pagos de la cerealera, y del amague fallido del Gobierno por expropiarla, el diputado provincial santafecino Carlos del Frade, quien integra la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin en la Legislatura de Santa Fe, difundió un informe titulado “36 apuntes por cada uno de los 36 meses de una de las mayores estafas de la historia argentina”.
Entre ellos, el autor de Vicentin. Desaparecedores y fugadores. Capitalismo argentino enumera las excepciones que el Banco Nación (BNA), en ese entonces a cargo de Javier González Fraga, realizó en favor de la agroexportadora.
De acuerdo con la investigación de Del Frade, el 9 de agosto de 2019 el Área de Riesgo Crediticio del Nación había rechazado la propuesta de categorización de la cerealera por encontrarse excedida del límite de 15% establecido en la normativa del Banco Central (BCRA). Como consecuencia, recomendó a la Gerencia Zonal Reconquista reconsiderar la propuesta y elevar una nueva que cumpliera con las disposiciones.
“Pese a esa circunstancia, en menos de 20 minutos, el gerente zonal de Reconquista, José Luis Testa, el 8 de noviembre a las 13:04 PM elevó a la Subgerencia General de Banca Corporativa ‘en forma favorable [la] solicitud de autorización y a la espera (…) respecto del fondeo a tomar’”, detalla el estudio. Y en una hora y media los subgerentes habían aprobado la cancelación y retoma de operaciones de refinanciación de exportaciones “como caso de verdadera excepción” por US$ 30.100.000.
“Esta metodología continuó instrumentándose (…) los días 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 y 26 de noviembre, siempre bajo el alegado ‘caso de verdadera excepción’ y con un trámite exprés que demoraba poco más de una hora, se otorgaron ahora con ‘fondeo local’ -es decir con dinero del banco en el país- nuevos préstamos a favor de la firma Vicentin por la suma de US$ 75.400.000”, continúa Del Frade.
Y agrega que, de esta forma, entre el “8 y 26 de noviembre de 2019, contando con la calificación vencida desde el 31 de julio de ese año y encontrándose ampliamente excedida la firma Vicentin en las normas que establece el BCRA que precisamente previenen la vulnerabilidad de las entidades bancarias frente a un incumplimiento inesperado por parte de un cliente, los referidos funcionarios del BNA otorgaron préstamos a favor de dicha empresa por un total de US$ 105.500.000”.
De acuerdo con el fiscal federal, durante el mismo período en el que la firma tenía deudas vencidas con el Banco Nación, “el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento”.
La operatoria de “estrés financiero” planificado concluía en que, una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la empresa, los titulares de Vicentin usaban parte del dinero para pagar gastos pero otra parte “significativa” era transferida “mes a mes” a ‘cuentas propias’ que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido”.
Un derrotero de irregularidades
Por otro lado, Del Frade recorre la historia del documento hallado por los fiscales rosarinos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja titulado Lineamientos nuevos directorio que detalla la estrategia comunicacional que Vicentin desarrolló para, entre otros objetivos, “escindir los temas judiciales, los intentos de ‘criminalización’ de la gestión del directorio saliente, del proceso concursal” e “instalar una narrativa diferente”. El mismo sacaba a relucir la connivencia de los medios para desviar la atención del presunto fraude cometido por la cerealera.
También repasa el escándalo narco en el que se vio envuelta en junio de este año, cuando salieron del puerto de Rosario —controlado por Vicentin y su socia chilena— dos buques con cargamentos de maní. Pero en uno de ellos en el puerto de Santos, Brasil, se detectó que en los bolsos que contenían ese fruto seco se encontraban, camuflados, 568 kilos de cocaína.
Luego destaca la imputación de 14 miembros del Directorio de la agroexportadora por estafa, defraudación y balances falsos, que luego se amplió a 17; la ficción de empresas como Renova (hoy la principal exportadora de la Argentina), creadas a los efectos de esconder patrimonio y fugar capitales; el vínculo de la empresa con el terrorismo de Estado; y el derrotero de una causa judicial donde los implicados se niegan a responder una sencilla pregunta: ¿dónde está la plata?
Finalmente, pone énfasis en “el proceso de vaciamiento corporativo” que incluyó creación de empresas en el exterior, cambios en la estructura, desdoblamiento, y operaciones “intra-grupo”.
Lo cierto es que, a 36 meses, lo que se vislumbraba como un fraude parece consolidarse, los damnificados siguen sin reparación, la Justicia sin obtener respuestas, el poder político sin intervenir, y el turbio manejo financiero continúa viento en popa.
Fuente: www.canalabierto.com.ar