Reproducimos el Informe “Reflexiones sobre las primeras medidas frente a la emergencia sanitaria y los problemas que plantea la informalidad laboral. Una propuesta distributiva”, elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) fundado por Claudio Lozano y que coordina Ana Rameri.
Para Lozano, “el Gobierno Nacional es consciente de que las medidas hasta el momento implementadas no alcanzan para sostener la situación, en el contexto de restricciones al funcionamiento económico que impone el Coronavirus”.
“El punto nodal de esta cuestión es la cantidad de población laboral que transita en la informalidad y el desempleo. El 51%, más de ocho millones de personas se encuentran en esta situación. Si a este total se le agregan los monotributistas sociales y el servicio doméstico, la población a cubrir por vía de AUH o planes asciende a casi nueve millones, en tanto los titulares de Planes y AUH ascienden hoy a menos de tres millones. Solo se está cubriendo el 32% de la población en situación de informalidad”, agregó el economista de la CTA Autónoma y dirigente nacional de Unidad Popular (UP).
Para Lozano, “aquí proponemos la imprescindible necesidad de avanzar en la construcción de un piso de ingresos de alcance universal para el conjunto de los hogares. Ese piso de ingresos debe alcanzarse extendiendo de manera universal el salario social complementario y promoviendo la efectiva universalización de la AUH”.
“Este piso debe garantizar a todo hogar el ingreso equivalente a la canasta alimentaria en la fase de la pandemia y elevarse hasta el umbral de ingresos de pobreza al salir de la misma. Sostiene también que este piso de ingresos sumado a la sustitución de importaciones y la recuperación (frente al derrumbe accionario) de las empresas energéticas es el camino para transitar el tiempo de la pandemia y conducir la recuperación posterior”, concluyó el Director del Banco de la Nación.
Una propuesta posible
Considerando que, a diferencia de otras naciones del mundo que atraviesan este flagelo, nuestro país arriba a esta coyuntura con una historia reciente de vertiginosa regresión del cuadro social donde el hambre se ha convertido en la peligrosa pandemia que afecta principalmente a los niños y rodea hace rato una tasa del 10% y la pobreza afecta al 40% de la población, resulta necesario y oportuno aplicar una salida redistributiva decisiva.
Ahora es cuando el piso de ingresos se hace necesario de manera urgente a través de programas que guarden coherencia entre sí, sean complementarios y se ajusten a la necesidad de la población que precisa de atención evitando situaciones de asimetría entre los mismos grupos.
La postura oficial actual de agregar más medidas que vayan emparchando los “agujeros” sin un esquema ordenado de política de ingreso puede ser incluso ineficiente, es decir, que los aumentos del gasto público no logren siquiera el objetivo buscado. Lo que se precisa realizar en este acuciante contexto es la construcción de una red de contención efectivamente universal integrada orgánicamente por un conjunto de programas.
Garantizar un ingreso al conjunto de los hogares en línea con una canasta total o de alimento es posible porque la Argentina tienen capacidad económica de sobra para hacerlo. El ingreso potencial por hogar sobre la base de lo que produce anualmente nuestro país es de $123.684 mensuales, mientras que actualmente los hogares disponen, en promedio de $50.000 al mes y la mitad de ellos está debajo de los $38.000. Ello implica que la brecha de desigualdad es cercana a los 2,5 veces.
Información al tercer trimestre 2019 en base a INDEC
| PBI (en millones de pesos) | 22.246.374 |
| Hogares | 14.988.712 |
| Ingreso potencial promedio | 123.684 |
| Ingreso Total Familiar | 50.058 |
| Brecha | 2,47 |
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
Hasta el momento las garantías más robustas se circunscriben al segmento de trabajadores formales (asegurando el pleno goce del salario) y algunas pocas garantías económicas hacia un núcleo reducirlo del campo de la informalidad y vulnerabilidad social. Cabe mencionar que en el caso de los jubilados y pensionados no se ha considerado tampoco la situación de la franja que superan los $18.892 pero se encuentra por debajo de una canasta para tercera edad (son cera de 1,5 millones de adultos mayores, el 26,3% de los jubilados y pensionados)
Un efectivo shock distributivo en estas circunstancias es el único modo de evitar el colapso social y sostener la actividad económica a través de un fuerte incentivo a la demanda, que, en definitiva, también repara cierto desbalance que se percibe en el paquete anunciado hasta el momento en el cual los esfuerzos estaban mayormente enfocados en sostener la oferta productiva sin la contrapartida correspondiente en la demanda.
Se propone entonces el establecimiento de un Piso de Ingresos y Garantía de derechos para el conjunto de los hogares. Consiste en una batería de políticas de carácter universal para intervenir en la condición de pauperización social integrando un conjunto de programas de transferencia directa de ingresos, algunos ya existentes, a distintos grupos poblacionales contiene los siguientes instrumentos. La implementación podría pensarse en etapas, la primera de contención debido a la emergencia que permita garantiza una canasta de alimentos (línea de indigencia) y posteriormente, en la etapa de recuperación, avanzar a la línea de pobreza (una Canasta Básica Total).
- La universalización de un Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF) para todos los jefes de hogar desocupados en el marco de la conformación de un circuito económico de alcance nacional y aplicación local en provincias y municipios para movilizar fuerza de trabajo excluida de los procesos de producción en orden a permitir el alcance universal de la infraestructura social básica. En este contexto particular, sería deseable la formación de agentes sanitarios o perfiles ocupacionales que contribuyan a paliar los efectos de la emergencia sanitaria o bien, poner a disposición fuerza de trabajo para satisfacer un conjunto de necesidades de la población (como tareas de cuidado) que podrían recibir respuesta del estado.
El valor estimado para el mismo en la etapa de contención es de $10.600 y en la segunda etapa de $34.500. Una propuesta de estas características permitiría, no sólo aumentar de manera permanente el valor de este concepto salarial en un 300%, sino también extender la actual cobertura de planes de empleo a un conjunto más amplio de población haciendo foco en los jefes de hogar (según estimaciones propias involucraría a cerca de 2 millones de personas).
- La universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través del planteo de un nuevo esquema de Asignaciones Familiares de carácter universal para el grueso de las prestaciones incluidas en el mismo. Esta propuesta resuelve la discriminación en la que sistema actual incurre al diferenciar los pagos por este concepto según la condición laboral de los adultos responsables al tiempo que se establece un solo sistema de carácter universal sin fragmentación ni exclusión de la población objetivo.
El acto administrativo que requiere esta propuesta es principalmente la unificación del conjunto de sistemas provinciales y municipales (1,9 millones de niños) y el resto de subsistemas nacionales segmentados así como también incorporar a los 2,3 millones que actualmente se encuentran por distintas razones fuera del alcance del sistema nacional (entre ellos, medio millón que injustamente fueron expulsados por no cumplir con condicionalidades que exigen una corresponsabilidad del estado en salud y educación).
El valor propuesto de la Asignación Familiar por Hijo es el actualmente vigente de $3.100.
- El establecimiento de una jubilación universal para la población adula mayor equivalente al 82% del Salario Social de Empleo y Formación (SSEyF). Si bien esta medida no resuelve la necesidad de reformular el actual esquema previsional, en esta oportunidad particular se busca que la estrategia del piso de ingresos pueda incidir en los hogares con presencia de adultos mayores. Surge entonces que el monto de la jubilación universal se ubica en los $28.300 generando un impacto real en los montos de las jubilaciones en el actual sistema previsional, a partir de la fijación de un umbral de ingreso más alto y efectivamente universal. Esto implica un aumento del piso de haberes del orden del 122% respecto a PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y del 78% respecto al haber mínimo garantizado hoy vigente.
Lo que se propone aquí, no es sólo atender a los efectos nocivos ocasionados por la cuarentena, sino aprovechar la oportunidad que brinda el reacomodamiento de las funciones del estado, para organizar una salida que contenga la situación en la coyuntura recesiva que hoy tenemos y que todo indica que podría agravarse.
Sobre todo, en un marco internacional deprimido signado por la deflación y la destrucción de capital, que derriba las opciones de salida exportadora. La única opción posible, es la construcción de un piso de ingresos de alcance universal para el conjunto de los hogares que garantice en la fase de la pandemia el umbral de ingresos equivalente a la línea de indigencia. Umbral que deberá llevarse hasta el equivalente de la canasta de pobreza a partir del momento que salgamos de las restricciones que la emergencia sanitaria le pone al funcionamiento de la economía. Para esto proponemos extender de manera inmediata y con alcance universal el salario de empleo y formación para aproximadamente dos millones de personas que se encuentran en situación de desempleo o con ocupaciones de supervivencia. Asimismo es indispensable terminar de universalizar la red que hoy constituye el doble sistema de asignaciones familiares y de AUH. Señalamos esto porque existen en la actualidad un millón novecientos mil niños que dependen de sistemas provinciales con montos generalmente inferiores y dos millones trescientos mil que por distintas razones están excluidos del sistema general.
En ese marco, la construcción de un PISO DE INGRESOS DE ALCANCE UNIVERSAL para el conjunto de los hogares, sumado al fortalecimiento de una estrategia de sustitución de importaciones para un aparato productivo volcado a satisfacer el mercado interno, y el aprovechamiento del derrumbe accionario del conjunto de las empresas para que el Estado nacional retome el control del sistema energético son pasos esenciales a dar. A modo de ejemplo vale decir que a precio del viernes pasado (20 de marzo) YPF valía u$ 1.379 millones, por lo cual comprar el 49% de las acciones que están en manos privadas insumiría unos 675 millones de dólares al precio que la acción tuvo el viernes y que se elevaría a U$1.156mill si en una oferta agresiva el Estado comprara a 6 dólares cada una de ellas.
El control publico sobre alimentos y energía son dos claves centrales para transitar la emergencia sanitaria primero y luego conducir la recuperación productiva.