Dos docentes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) resultaron desvinculados de sus cargos u horas tras resistir medidas de la Rectora Raquel Krawchik, funcionaria que firmó con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC-CGT) un Acta Acuerdo a la baja de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, degradando a su vez en lo académico a la casa de estudios.
Si bien la situación intermedia de la UPC en su proceso de normalización (una etapa de carácter excepcional en la conformación de una Universidad, que tiene un lapso de tiempo con caducidad) debería haber finalizado en el 2014, a través de prórrogas a la fecha se continua este proceso que promete mantenerse hasta el 2024.
Esta situación impide el proceso de democratización y somete a los claustros a la potestad de un rectorado no elegido por ninguno de los miembros de la UPC sino por el gobernador de Córdoba.
En el mes de octubre se firmó un Acta Acuerdo entre el Rectorado y representantes gremiales de UEPC, a espaldas de los Decanatos, de docentes y de estudiantes. Un acta que es cuestionada en sus varios artículos por atentar contra derechos básicos como, por ejemplo, el computo de la antigüedad docente durante el período de licencia por embarazo.
Esta Acta Acuerdo fue rotundamente rechazada por la Facultad de Arte y Diseño (FAD), a través de la Comisión Asesora, un órgano democrático sin poder resolutivo, ya que no es un Consejo. Esta comisión compuesta por decanato, docentes, no docentes, estudiantes y egresados, ha sido perseguida por el Rectorado. Este despidió en el mes de enero a un trabajador con antigüedad de cinco años y con fueros gremiales, a través de un telegrama que el mismo vicerrector, Enrique Bambozzi, se encargó de llevar hasta el domicilio personal de Juan Valfre (encargado de Asuntos Legales de la FAD).
El lunes, 1 de febrero, la docente Viviana Fernández se enteró por la plataforma web Ciudadano Digital (CIDI) que había sido desafectada de 14 horas cátedra.
Ante estos atropellos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) plantó una Carpa Blanca en la puerta del Rectorado exigiendo la reincorporación inmediata de Juan y Viviana, la renuncia del Vicerrector por considerar un acto persecutorio el despido de los trabajadores, el fin del proceso normalizador de la UPC y la apertura inmediata del proceso democrático y la conformación del Consejo Universitario que dé garantías democráticas y de autonomía.
La voz de los estudiantes
Las y los representantes de los Centros de Estudiantes de la FAD, se hicieron presentes en la Carpa Blanca donde leyeron una carta abierta a la Rectora en la cual exigen, entre otros puntos: el reconocimiento y participación del movimiento estudiantil de la UPC, la creación de una mesa de diálogo constante entre les estudiantes de todos las facultades y el rectorado, la democratización de la FAD y el llamado a elecciones generales.
Exigen ser visibilizados, que se les reconozca el derecho de ser partícipes activos de las políticas que se implementen en la Institución como claustro estudiantil y de egresados, a quienes han relegado de cualquier consulta u opinión llegando a no aceptarlos para escuchar sus reclamos y exigencias, un desconocimiento como sujetos sociales y políticos.
Otro problema de gravedad que atraviesan los egresados es que no se están emitiendo los analíticos ni los títulos ya que desde el Recortado no se están haciendo las gestiones administrativas necesarias para que la Nación los emita, esto sucede desde las cohortes 2016 y 2017. Una denuncia que no se puede dejar de escuchar ya que por un lado es una obligación de la Institución emitir los títulos y por otro lado, perjudica directamente a las y los egresados en sus búsquedas laborales.
En este contexto, está previsto el regreso al ciclo lectivo en el cual las y los representantes de los Centros de Estudiantes nos decían “en la UPC no hay ninguna novedad sobre el cómo se regresa, solo se ha informado que el ingreso será de manera virtual. El año 2020 fue un año crítico en el cual hubo mucha deserción de estudiantes por falta de recursos para poder afrontar la virtualidad. La UPC no posee un presupuesto para poder garantizar un regreso a la presencialidad con protocolos seguros”.
Mal de todos
El Gobierno de Córdoba viene atacando a la Educación Pública en todos los niveles, dejando sin trabajo a miles de docentes en el 2020 y a estudiantes sin docentes, intenta cerrar cursos como, ya ha realizado en la modalidad de Jóvenes y Adultos y en el nivel Terciario a través del Memo 03/2020 que exige un cupo de 30 estudiantes para mantener un curso abierto.
Por otro lado, en ninguna modalidad educativa se plantea un protocolo ni presupuesto para que cada uno de los que integramos la comunidad educativa tengamos garantías de salubridad en un regreso a la presencialidad.
Es necesario que todas y todos los que integramos la comunidad educativa en todos los niveles actuemos conjuntamente para defender la educación Pública en contra del desmembramiento que están realizando.
Fuente: www.laizquierdadiario.com; www.atecordoba.org