Por Jesús Chirino*
La problemática social en Villa María está siendo encarada mediante la represión judicial y policial.
La Fiscal Silvia Maldonado, esposa del rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Pablo Rosso, que sucede a Martín Gill en el cargo de Intendente de la ciudad, y amiga del Intendente con licencia para ocupar la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, optó por inaugurar algo que nunca antes había pasado en la ciudad: procesar a quienes reclaman tierra.
Lo hizo con más de 30 vecinas y vecinos (la mayoría mujeres). Se intentaron caminos de diálogo con el Municipio, pero el Secretario de Gobierno, el abogado penalista Eduardo “Tati” Rodríguez, no pudo comprender la necesidad de la gente y prefirió dejar hacer a su también amiga Fiscal.
Del otro lado los humildes sin techo, ellos ahora están siendo notificados que deben marcharse de las tierras ocupadas pacíficamente. Porque lo único que piden es un techo. Una vivienda digna.
La Policía de la Provincia con orden judicial les notifica que si no abandonan el lugar desalojarán los terrenos.
Todo en el mismo momento que desde muchos sectores, incluso desde el Gobierno Nacional -al que asegura estar alineado el Gobierno Municipal-, se habla de solidaridad, de abordar la problemática de los que menos tienen con sensibilidad social.
*Docente. Periodista. Secretario General de la Unión Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Villa María